Cambiar un mojón de sitio da lugar a numerosos problemas.
Hace unos días circulaba por internet la noticia de un agricultor belga que, para facilitar el paso de su tractor, trasladó una piedra dos metros. El problema fue que no era una piedra cualquiera, sino una que databa de 1819, y que servía para marcar la frontera de su país. Con ese movimiento, hizo un poco más grande Bélgica, a costa de Francia, que obviamente no podía estar de acuerdo, y le exigieron al agricultor que devolviera el hito a su posición inicial, si no quería enfrentarse a cargos penales.
Salvo por el conflicto que creó al mover la referencia de la frontera, el caso belga no es nada extraño. Que los mojones sean de piedra inerte y pesada no impide que sean removidos con relativa frecuencia, a veces por accidente, a veces con intención interesada. Para los que no son de campo, a veces pasa desapercibida la presencia de hitos o mojones, bloques de piedra o de hormigón, normalmente de forma cónica o piramidal. Los hay más grandes (a veces para remarcar un límite municipal) o más pequeños; los hay homologados, como las peñas de concentración parcelaria, o fabricados con piedra de la zona. Considerando que cada parcela tenga cuatro marcando sus vértices, aunque a su vez coincidan con la colindante, y multiplicando por los cientos de miles de fincas registradas en Castilla y León, podríamos hacernos una idea del enorme número de mojones que se reparten por el territorio.
El hecho de que las fincas estén delimitadas en el Registro de propiedad (la principal referencia legal), en el Catastro y, en los últimos tiempos, en sistemas por satélite como el Sigpac, o incluso el GPS del tractor, no ha frenado los “misteriosos” movimientos de hitos. “Casi en cada zona se conoce a alguno que de vez en cuando mueve algún mojón”, comenta Luis Pérez, abogado de ASAJA-Zamora. Una vez eliminada la referencia y producido el deslinde, se abren dos posibilidades de “arreglo”. “La más amistosa y barata, acudir al juez de paz y que dos hombres buenos por cada parte tiren las cuerdas y marquen la lindera nueva”, explica. Pero como detrás de estos enfrentamientos muchas veces no está solo el interés económico, sino también temas personales, muchas veces arrastrados durante años, no es nada raro acabar en tribunales: cada año se abren en España más de 3000 procedimientos judiciales relacionados con linderos, titularidades, conflictos o expropiaciones. “Cuando no hay acuerdo, acudir al juzgado es la segunda posibilidad. Pero entre peritaciones, notarios, abogado, etc. a veces gastas más dinero que lo que vale el trozo de tierra en discordia”, advierte Pérez.
Fuente: Campo Regional / T.S.N.
