Luisma Bravo trabaja una explotación mixta de algo más de 150 hectáreas en Cigales, Valladolid. Junto a los cultivos mayoritarios de cereal de secano, tiene siete hectáreas de viñedo y otras tantas de remolacha, que sigue sembrando, a pesar de las oscuras perspectivas que se presentan tras la reforma del sector del azúcar. “No dejamos de trabajar la remolacha”, señala, “hasta que las azucareras aclaren lo que quieren”, a pesar de que la rentabilidad, con los recortes, se ha quedado en 100.000 pesetas por hectárea, más o menos la mitad que antes.
Este era, precisamente, a su juicio, el único ingreso que incrementaba las rentas y los beneficios de los agricultores por estas tierras, ya que el viñedo tampoco se encuentra en su mejor momento. “Desde que empecé, hace nueve años, no ha dejado de bajar el precio de venta, de forma que ahora no se cubren ni los gastos”, asegura.
Este año, Luisma se ha animado a sembrar 32 hectáreas de colza para la nueva planta de biocombustible que Acor proyecta en Olmedo. “Es un cultivo nuevo, que no sabemos cómo va a resultar, pero parece, al menos, una alternativa al cereal y puede servir como rotación”.
Como uno de los agricultores afectados por el proyecto de polígono industrial en su zona, en la que la Junta ha iniciado trámites de expropiación, Luisma asegura no estar en contra del desarrollo industrial de Cigales, “pero sí de que se haga prevalecer un sector sobre el otro hasta hacerlo desaparecer”.
Agricultor desde los 17 años, subraya que no abandonará el campo, porque “es lo único que sé hacer”, y recuerda que por aquel entonces se conseguían más beneficios trabajando menos, “aunque la calidad de vida de ahora es mucho mejor”. “La maquinaria ayuda mucho. Si no inviertes en maquinaria, hoy día no andas”, concluye.
