El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado esperanzado en que la tramitación de la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria se pueda llevar a cabo en el actual periodo de sesiones para incorporar una directiva de la UE en lo que será «un paso adelante muy significativo» y «muy importante» en la creación de valor.
«No podemos permitir que nuestros productos, que son el fruto de mucho esfuerzo y de mucha inversión, de trabajo y de dinero por parte de los agricultores y de los ganaderos, no tengan la retribución que merecen», ha reconocido el ministro, quien ha reivindicado el trabajo y el esfuerzo de las administraciones para conseguir que los productos lleguen a los mercados, pero tengan además «un precio» y «un valor» como «elemento fundamental» de retribución de quienes los producen y son las personas que están en el origen tanto de los alimentos como de la realidad territorial, social y económica del país.
En este sentido, como recoge eldiario.es, se ha mostrado convencido de que el sector agroalimentario está llamado a tener un papel fundamental en el país y ha augurado que será uno de los pilares de la recuperación económica de España.
«Si somos capaces de usar todos los recursos en este momento y, particularmente, los del Plan de Recuperación y Resiliencia, en ese contexto creo que podremos perfectamente lograrlo», ha añadido Planas para quien la red de mercas jugará también un papel fundamental en la mejora del proceso de la cadena alimentaria y en la reestructuración de futuro.
El ministro, que ha visitado Valladolid este lunes para ver las instalaciones de la plataforma de distribución alimentaria Mercaolid, ha significado la actualidad del segundo aspecto de la ley que se va a modificar, tras el decreto que entró en vigor el pasado mes de diciembre, para proporcionar más transparencia, más equilibrio y más posibilidades de retribución digna a los productores y a la industria agroalimentaria.
Con esta ley, el Gobierno busca prohibir nuevas prácticas comerciales desleales, generalizar los contratos por escrito en todas las operaciones para fomentar la transparencia en la formación de precios, impulsar un reparto equitativo del valor añadido en la cadena alimentaria y proteger a los eslabones más débiles en la misma.
Se trata de una iniciativa a cuya tramitación el Congreso ha otorgado especial preferencia, habilitándose sesiones de Comisión extraordinarias, ya que el mes de enero es inhábil a efectos de actividad parlamentaria.
