Castilla y León anuncia una batalla legal para poder gestionar sus poblaciones
La caza del lobo tiene los días contados en toda España. Tras meses de polémicas y desencuentros, este jueves Gobierno y comunidades han votado sobre el futuro de la especie. En una tensa reunión en la que ha sido necesario repetir dos veces la votación, al final un solo voto de diferencia ha validado que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad recomiende incluir al «Canis lupus» en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). En cuanto Transición Ecológica publique la orden ministerial, la prohibición será efectiva.
Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León son las principales damnificadas. Por una parte, porque al sur del río Duero la caza del lobo ya estaba prohibida. Por otra, porque según denuncian las cuatro autonomías, sus territorios albergan el 98% de la población lobera de España, y tiene importantes repercusiones para la ganadería extensiva. En un comunicado conjunto las cuatro regiones han anunciado que promoverán «todos los recursos que estén a su alcance para impedir que una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico». En palabras del consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, será una «batalla importante».
En concreto, el resultado salió con nueve votos a favor (Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Melilla y el Ministerio), ocho en contra (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Madrid) y tres abstenciones (Valencia y Navarra, que decidieron no participar al no verse afectadas por el asunto a tratar; y la abstención «forzosa» de Ceuta).
Enfoque común
Gracias a esta votación, técnicamente el Gobierno y la comisión han propuesto la inclusión del lobo en el Lespre. El resultado no es vinculante, pero lo normal es que el ministerio se oriente en la misma dirección. El siguiente paso será redactar la orden ministerial, que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor.
Según el Ministerio, con esta propuesta se atiende al dictamen del Comité Científico que recomendó su protección al considerar «su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales». «El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias Comunidades Autónomas y que el número de éstas se haya incrementado en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre», ha apuntado Transición Ecológica.
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