Cualquiera que haya seguido el controvertido asunto de la granja porcina de Cidones sabrá que los tribunales de justicia han dado la razón a sus promotores y atrás deberían quedar creencias, intereses no siempre altruistas y tal vez incluso decisiones sospechosamente injustas.

Una vez dada la razón por la justicia, de nuevo algunos preocupados ciudadanos vuelven a la carga contra el establecimiento de esta granja en estos días. Y la administración, que trata de huir del ruido mediático, se pone a hacer malabares entre los entregados a las creencias o a sus intereses particulares, que también los tienen, y la prevaricación, en la que incurrirían una vez sentenciado que la granja actúa conforme a la ley.

Para los bienintencionados incluidos en ese movimiento contrario a esta y otras granjas, que no me queda duda de que los hay, y de los que, aquellos otros que con intereses se aprovechan, les diré que si existe una legislación restrictiva y estricta esa es la que tiene que ver con la regulación de las granjas y muy en particular las intensivas del porcino, una normativa basada en fundamentos de ciencia. La norma está plagada de matemáticas, cm, cm2, cm3, horas, grados Celsius, microSiemens, resistencias y propiedades físico-químicas de los materiales, caudales, etc.

La normativa autonómica, competente en materia de medio ambiente y agricultura, establece, desarrolla y aplica estas normativas específicas en ordenación de esta actividad, así como aquellas específicas para la gestión de estiércoles y residuos y la protección del medio ambiente. Esta administración garantiza a la sociedad su cumplimiento mediante un estricto y férreo control periódico de las granjas.

En el marco nacional, la gestión de residuos, la protección de los suelos, la calidad y protección del aire son materia fundamental de leyes que regulan estrictamente estas actividades. Y en este mismo sentido la Unión Europea establece normas, las más avanzadas y estrictas del planeta, en materia de emisiones y regulación de actividades para prevenir y reducir la contaminación del aire, agua y suelos y que obliga además a este tipo de granjas a contar con las mejores y más modernas prácticas que aseguren a todos que operan siempre de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Una normativa que además es excesivamente garantista en España, pues algunos límites o topes establecidos se restringen a la mitad de los marcados por la UE, como es precisamente el caso de los nitratos, algo que nos obliga a un sobresfuerzo enorme a los ganaderos españoles alejándonos muchísimo más de los límites que la ciencia determina como contaminación, algo que como colectivo no compartimos y que precisamente es este exceso de celo, exigiendo más garantías de las necesarias, lo que venimos protestando y discutiendo.

El caso es que la justicia ha hablado, y ha determinado que el planteamiento realizado por los promotores de la granja, gente normal, está conforme a toda esta ley enumerada.

Las leyes que regulan todo el tema de contaminaciones, nos gusten mucho o nada, o para unas cosas sí y para otras no, están fundamentadas en la ciencia, es decir: en la objetividad y la racionalidad, cuyos elementos de análisis están estandarizados y han debido ser aceptados globalmente por la comunidad científica, sin sesgos, con resultados validados por la experimentación y que son repetibles. Y, lo que resulta más importante, para los que tan solo somos simples mortales la ciencia demuestra y ha demostrado ser efectiva en la mejora de nuestra calidad de vida y es esencial para enfrentar desafíos globales del futuro, como puede ser el cambio climático, pero también, no nos olvidemos, la reducción de la pobreza o la alimentación de una población cada vez más numerosa.

Además, estamos en un momento en el que se está trabajando en la promoción de varios centros de biogás por nuestra provincia, por lo que estos purines están siendo buscados por estos promotores que disponen de las últimas tecnologías para retirarlos de las granjas y llevarlos a sus centros. Estas empresas tratan de aprovechar el nuevo mercado de CO2 por su efecto sumidero, la generación de energías no fósiles y, en último término, la fertilización de tierras con la última fracción del proceso, evitando el empleo de fuentes minerales como el gas petróleo y resultando además una actividad menos molesta por estar tratados o compostados.

Desde los tiempos de Descartes y su famoso “Método”, la esperanza de vida de los humanos ha pasado de los poco más de 30 años en el cambio de siglo XVI-XVII, a los más de los 80 actuales, más de 85 incluso para las mujeres.

Es la ciencia y no las creencias lo que nos ha traído por este camino y hoy de media vivimos 50 años más, casi otras dos vidas de las de entonces. Así que, por favor, confiemos en ella y no tanto en los pregoneros del Apocalipsis.

 

Ana Pastor Soria, presidenta de ASAJA Soria.