Los ponentes, entre los que estará ASAJA, tendrán ocasión de expresar sus opiniones sobre el proyecto normativo para modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Fue aprobado el pasado noviembre por el Gobierno para adaptar la ley existente, aprobada inicialmente en 2013, a la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales.

Era la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros examinaba la ley de la cadena alimentaria, después de que en febrero realizara un primer ajuste en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos.

Precisamente a finales de enero se cumple un año del inicio de esas protestas, que se prolongaron durante más de un mes bajo el lema “Agricultores al límite”, hasta que fueron suspendidas como consecuencia de la irrupción de la pandemia.

Los productores dejaron entonces de lado las tractoradas y se centraron en el abastecimiento de alimentos durante el estado de alarma y los meses posteriores marcados por la crisis sanitaria, ejerciendo así una actividad reconocida como “esencial”.

A día de hoy los agricultores siguen reclamando “precios justos” en el campo y piden más medidas, aparte de que se cumpla la reforma inicial de la ley, que tuvo como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas, esto es, por debajo de los costes de producción.

En junio pasado, en el pleno del Congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió la “obligación legal” de tomar los costes de producción como base para la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario.

Sin embargo, la norma ha despertado dudas sobre algunos aspectos de su aplicación práctica y los grupos parlamentarios esperan incluir nuevas enmiendas en la tramitación de este último proyecto para mejorar la posición de los agricultores en el mercado.

La adaptación a la directiva de 2019 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario deberá entrar en vigor a finales de 2021 para cumplir con los plazos establecidos en la regulación comunitaria.

Supone la ampliación de las prácticas prohibidas que forman parte de una “lista negra” y la extensión de los supuestos en los que los contratos serán obligatorios.

También se amplían los productos cubiertos por la ley, incluidos los alimentos transformados, y se da cobertura en toda la Unión Europea a cualquier transacción de los operadores de la cadena que se haya producido en parte en España.

A juicio de Planas, y como recoge efeagro.com, la reforma pretende lograr una mayor transparencia en el funcionamiento de los precios, un equilibrio entre todos los eslabones de la cadena y proteger “al más débil”, en alusión al agricultor.