Tras la convalidación por las Cortes del Decreto-Ley sobre impulso y simplificación de la actividad administrativa para agilizar iniciativas empresariales que dinamicen la economía en un momento crítico, ASAJA, como organización más representativa del sector primario de Castilla y León, quiere expresar su apoyo a medidas que supongan una reducción de cargas administrativas innecesarias y una disminución de tiempos de tramitación, dado que la burocracia enrevesada y muchas veces inútil bloquea en muchos casos proyectos de emprendimiento muy necesarios en el medio rural.

ASAJA se muestra “sorprendida por las críticas demagógicas que ha levantado esta iniciativa, poco menos que tildándola de una herramienta para dar vía libre a granjas de mayor tamaño, las denominadas “macrogranjas”. Y nada más lejos de la realidad, porque los cambios que en este sentido incluye sobre la reforma que supuso el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, son irrelevantes”.

Cualquier explotación de cierto tamaño (más de 2.000 cerdos de cebo, más de 750 cerdas madres, o en avicultura 40.000 aves, idéntico umbral al de otros países europeos, como Francia) que quiera instalarse tiene que atenerse a lo establecido en el Decreto 4/2018 de 12 de febrero, que marca la obligación imprescindible de contar con autorización ambiental previa, cuya obtención supone un proceso muy riguroso y garantista que de hecho muchas veces obliga a retirar el proyecto. Es decir, el Decreto-Ley no tiene nada que ver con las macrogranjas, sino exclusivamente con la ganadería extensiva y la intensiva de pequeño tamaño, que no requieren en ningún caso autorización ambiental, proyectos que, en vez de ir por la vía de la licencia ambiental, más larga y exhaustiva, podrán ponerse en marcha mediante comunicación ambiental. Este ajuste normativo supondrá, como se señala en el preámbulo, “la reducción de cargas administrativas y disminución de tiempos de tramitación, sin menoscabo de la protección del medio ambiente”. También podrían optar a esta vía instalaciones agroalimentarias, como queserías, bodegas, galleteras, conserveras, embutidos…

ASAJA considera que hay determinados sectores que aprovechan cualquier situación para confundir a la población con el término ‘macrogranja’ “que utilizan para criminalizar la actividad ganadera. Ahora mismo, montar una granja de menos de 2.000 plazas de cerdos de cebo (el límite para necesitar ya autorización ambiental) es inviable para un ganadero que quisiera vivir únicamente de ese trabajo. La rentabilidad de las explotaciones de porcino más pequeñas, la mayoría en integración, está ligada a ser complemento de la actividad agraria, ya que por sí solas no permiten mantener una familia.

“Pocos sectores como el porcino están tan regulados, siendo el sector español puntero en inversiones y sistemas productivos óptimos en sanidad, calidad y sostenibilidad, como prueba el peso del porcino en nuestra balanza de exportaciones. Sin embargo, parece que algunos, en lugar de analizar los datos, prefieren echar a los pies de los caballos a los ganaderos”, lamenta Donaciano Dujo, presidente de ASAJA CyL, que espera que la clase política sea coherente y promueva medidas que faciliten la actividad ganadera, “porque es en las leyes cuando tienen que demostrar que somos un sector esencial para la sociedad, y no con tanta palmadita en la espalda y aplauso”.

Este Decreto-Ley ofrece una seguridad jurídica al sector al modificar determinados aspectos de Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León siguiendo las pautas marcadas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Por otra parte, se pasan al régimen de comunicación ambiental determinadas actividades e instalaciones que actualmente se incluyen en el régimen de licencia ambiental, siempre que no estén afectadas por la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.