Luis Planas quiere imponer a Castilla y León un modelo agrario que no es el nuestro y que destruiría riqueza y empleo en esta tierra
La organización agraria ASAJA rechaza de forma rotunda y contundente el documento sobre las propuestas de plan estratégico de la PAC para España que presentó ayer el ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas en Conferencia sectorial presidida por Luis Planas. El principal punto de desencuentro es sin duda la definición de “agricultor activo”, que en definitiva es la llave para percibir los fondos de la PAC. La figura que propone Luis Planas es más amplia que en la PAC actual, hasta el punto de que cualquier ciudadano que cultiva tierras o tenga ganado va a ser perceptor de las ayudas, y, además, debido al complemento que reciba por el denominado “pago redistributivo”, porcentualmente cobrará más que el agricultor profesional. ASAJA de Castilla y León reitera que una de las “líneas rojas” que debe de marcar el consejero de Agricultura en sus encuentros con el Ministerio es lograr una definición del “agricultor activo” que se acerque más a la del agricultor profesional. En concreto, la OPA pide que todo perceptor de la PAC tenga que acreditar la cotización a la Seguridad Social y la declaración de sus ingresos en la Agencia Tributaria, algo que, aunque parezca obvio, no ocurre en la actualidad ni tienen previsto exigir en los próximos años.
La propuesta del Ministerio solo se entiende desde la óptica de aprovechar la PAC para sacar rédito electoral, y no para mejorar el tejido productivo de la ganadería y agricultura español, basado en una gestión empresarial del modelo de explotación familiar, modelo que es el que asegura que nuestro país sea una potencia agroalimentaria con vocación de exportar y con capacidad de vertebrar el territorio. La reducción de las ayudas al agricultor profesional, para favorecer otro modelo de agricultura, resta competitividad al campo de Castilla y León y de España.
Al margen de la cuestión de la definición de agricultor activo, ASAJA no comparte las normas restrictivas de los ecoesquemas sin una ayuda incentivadora, ni comparte los criterios de la ayuda redistributiva, ni una convergencia en las ayudas que sea demasiado drástica. También, la organización agraria ha sido defensora de la desaparición de los denominados “derechos de la PAC”, algo que ahora las administraciones quieren perpetuar por la simple razón de que su permanencia les facilita la gestión administrativa.
Por otra parte, ASAJA tiene dudas, a falta de datos oficiales, de que cuestiones como la reducción de regiones productivas, las nuevas ayudas asociadas, el pago redistributivo, o la inclusión de nuevos sectores como perceptores de fondos, permitan mantener un montante de fondos en Castilla y León equiparable al de etapas anteriores, ya que podría haber transvase de fondos hacia otras comunidades autónomas.
Por último, ASAJA considera que no se ha clarificado suficientemente la política que se seguirá para modernizar el campo, para los programas agroambientales y de zonas desfavorecidas, y para lograr un relevo generacional efectivo y compatible con los intereses del resto de profesionales ya en activo. ASAJA tampoco comparte el modelo de financiación por la escasa aportación del Estado a los programas de desarrollo rural nutridos fundamentalmente con fondos del FEADER.