El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que depende la Confederación Hidrográfica del Duero, pretende no gastarse ni un solo euro en infraestructuras de regadío en Castilla y León en el nuevo periodo de plan hidrológico, denuncia ASAJA Castilla y León. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2022-2027, que se encuentra en la actualidad en fase de anteproyecto, plantea un presupuesto de 2.743 millones de euros, de los cuales 536,39 millones de euros serían para infraestructuras de regadío. Lo llamativo es que el ministerio, que tiene las competencias en materia de aguas, se autoexcluye de la financiación de estas obras y lo fía todo a las aportaciones que puedan hacer otros ministerios, otras administraciones y los propios usuarios del recurso.
ASAJA critica que la ministra Teresa Ribera manifieste una vez más su desafecto con el campo y el mundo rural, como lo ha hecho con la normativa que impide la caza del lobo, y que no destine ni un solo euro de su presupuesto a la política de regadíos, la que más contribuye a la modernización del campo y a la fijación de población. Esta “sequía presupuestaria” del ministerio de Teresa Ribera para con la agricultura se produce en un contexto en el que llegarán ingentes cantidades de dinero de fondos europeos del plan de recuperación, lo que le ha permitido presupuestar el nuevo Plan Hidrológico en 2.743 millones de euros, un 112% más que el de la etapa actual. De este importante presupuesto, (que no deja de ser una estimación poco rigurosa ya que no está consensuada con otras administraciones) la Administración General del Estado, a través del MITERD y los organismos públicos que de él dependen, aporta tan solo 658 millones de euros, es decir, el 24% del total; es más, esta aportación se reduce a más de la mitad al fijar el techo presupuestario del MITERD para este tipo de políticas, para el periodo 2022-2027, en 308,93 millones de euros.
Además de no aportar nada para nuevas infraestructuras de regadío, el ministerio de Teresa Ribera relega dichas infraestructuras a un segundo plano, representando escasamente el 20% del presupuesto total. Por el contrario, una parte importante del presupuesto se destinará a eliminar estructuras de protección de los cauces que ASAJA considera que siguen siendo imprescindibles para reducir los efectos de las grandes avenidas en las tierras de cultivo.
ASAJA presentará una batería de alegaciones a este nuevo Plan Hidrológico con el que el Gobierno, en vez de situar al agricultor en el centro de sus políticas y actuaciones, lo pone en la diana, haciéndole responsable de un presunto mal uso del agua y del deterioro medioambiental de ríos, acuíferos y otras masas de agua.