Responsables de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO) y de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Soria) se reunieron la mañana del jueves día 11 de enero para abordar en común el problema derivado del cambio de normativa en la aplicación de purines, que llega a través de la aparición, por sorpresa, del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, por el que se modifica, entre otros, el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, en el que se establecían las normas de la condicionalidad que debían cumplir los beneficiarios que reciben pagos directos en la PAC. Con vigencia desde el 1 de enero, la nueva norma prohíbe la aplicación de purín en superficies agrícolas mediante sistemas de plato, abanico y cañones, así como obliga al pronto enterrado de estiércoles sólidos.

Esta situación pone en graves aprietos a todo el sector, tanto al agrícola como a todas las especies ganaderas. Además, debido a la importancia del sector porcino en la provincia, APORSO y ASAJA han decidido formar un frente de acción común para buscar soluciones.

Aunque el sector no se opone a encaminar sus pasos hacia el desempeño de las actividades ganaderas en unas mejores condiciones para los propios profesionales y para su entorno, considera que es un despropósito que con la irrupción por sorpresa de esta norma se pretenda que todos y todo esté adaptado al día siguiente de su publicación.

Hay que recordar que el incumplimiento supone la recepción de medidas coercitivas en modo de sanciones para los profesionales y que estas prohibiciones se suman a la larga lista de dificultades que gravan la actividad agroganadera.

Una de las primeras actuaciones decididas en la reunión, que ha tenido lugar en la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), en las que ambas asociaciones están integradas, ha sido dirigirse a la Junta de Castilla y León, competente en este momento, para establecer los términos de la aplicación de esta normativa nacional y para determinar excepciones, moratorias, prórrogas y medidas para su implantación de forma escalonada; teniendo en cuenta aspectos como la dimensión de la explotación agraria o de la maquinaria, dado que hay que cambiar el 85 por ciento de los equipos, con el importante esfuerzo económico que conlleva, y otras cuestiones como la falta de  disponibilidad de los aplicadores obligatorios que marca la normativa.