El Gobierno español aprobó a finales de 2016 un real decreto para facilitar y abaratar el despliegue de redes de telecomunicaciones de fibra óptica, incorporando así una directiva europea de hacía más de dos años (la 2014/61/UE).

El principal objetivo de este conjunto de reformas era crear un marco regulatorio para favorecer la inversión y para que se facilite el rápido despliegue de las nuevas redes de fibra óptica y la cobertura de las redes de telefonía móvil. Supone además el reconocimiento de un derecho a los ciudadanos europeos que no es otro que el de tener acceso a la modernidad y con ello al futuro. Esto en el papel quedó muy bien pero ya estamos casi a mediados de 2018 y de las 497 localidades sorianas, 28 no tienen cobertura y 309 la tienen deficiente.

Así que en estos momentos que tanto se habla de despoblación en el medio rural, en lugares en los que ya estamos realmente despoblados como es el caso de Soria nos encontramos con problemas añadidos por todos los lados, pues el reconocimiento de ese derecho también lleva aparejada ahora una obligación que es la de relacionarnos con la Administración por medios informáticos. Empezando por las sociedades y por la Seguridad Social y a partir de 2020, con Agricultura y Ganadería. Pero es evidente que no todos contamos con la red informática necesaria, así que podemos decir que en cierto sentido se saltan la ley abandonando a las zonas desfavorecidas. Esos habitantes no pueden cumplir con esa ley porque no disponen de las herramientas que les tenían y les tienen que procurar para la fluidez de las comunicaciones. Sin esos elementos, lo único que hay a la vista son injustas sanciones o pérdida de facto de derechos legales como el de presentar alegaciones, recursos o reclamaciones ante resoluciones administraciones. Si no se remedia esto nos dejaría como los romanos hicieron con los habitantes del otro lado del Muro de Adriano. (Aunque aquellos apartados, entre los que estaban los habitantes de los Highlands escoceses, son tomados en la actualidad como ejemplo de adaptación a las nuevas comunicaciones e implementación de cobertura y redes móviles).

Desde mi ignorancia jurídica, creo que esto tiene una solución nada descabellada. Del mismo modo que cuando en la agricultura o en la ganadería sacan una ley y nos la imponen, por qué no hacer eso con las grandes multinacionales de la comunicación con una ley que les obligara a cubrir todo el territorio. No sirve con quedar bien y asegurar que está cubierto el 90 por ciento de la población, algo muy fácil con las ciudades pero que no es el 90 por ciento de la superficie total ya que hay miles de kilómetros cuadrados sin cobertura o con una cobertura nefasta. Cifras que no hacen más que poner en claro que nos den dos duros a los demás, a esos apestados que somos el 10 por ciento de población restante en esa maravillosa parte de España que tiene la desgracia de ser la más “profunda” y despoblada.

Además de esas barreras que tenemos para poder aprovechar la potencialidad de las comunicaciones hay otra que es que muchos ganaderos y los agricultores no saben o no tiene por qué saber manejar un ordenador ni tener un teléfono móvil. En la era llamada tecnológica, lo peor es que se está tolerando lo que es el mundo al revés porque el Gobierno debe dar servicio al administrado, y no que el administrado haga el trabajo a la administración. Pido a las administraciones que sean consecuentes con su tarea y se adapten ellas a los contribuyentes y no al revés.

Del mismo modo que para acometer determinadas actividades en las zonas despobladas se nos pone un cupo, como el de que no podemos hacer más de x instalaciones, de igual modo donde hay grandes polígonos y urbanizaciones, en las que la masificación puede acarrear problemas de suministro de agua, y contaminación también se podrían establecer otras reglas del juego y llevar las nuevas fábricas y zonas residenciales a lugares menos favorecidos con leyes puras y duras, como las que se ciernen siempre sobre el sector primario y que nos condicionan nuestro trabajo y hasta nuestra forma de vida, obligándonos a trasladarnos a núcleos más grandes para poder contar con unos servicios mínimos.

La ley se puede cambiar con buena voluntad. El problema es que veo incapaces a los políticos para ponerse de acuerdo en beneficio de la comunidad y trabajando por la igualdad, más que nada porque solamente piensan en sus partidos y en los lugares en los que hay votantes y pueden rascar unas papeletas electorales a su favor.

 

CARMELO GÓMEZ SANZ, PRESIDENTE DE ASAJA SORIA