Castilla y León es la comunidad autónoma que registra más ataques del cánido

La noticia de que, por primera vez, se consolida una mayoría cualificada de Estados miembros de la UE a favor de reducir la protección al lobo, pasando de ser “estrictamente protegido” a “protegido”, lo que abriría la puerta a un control de la especie donde su presión sea insoportable, ha sido recibida por ASAJA Castilla y León con esperanza, pese a la pertinaz obcecación del Gobierno español a cualquier cambio que proteja al sector ganadero.

Solo España e Irlanda han votado en contra del acuerdo mayoritario de los Representantes Permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE, que previsiblemente será refrendado por el Consejo de Ministros europeos, para que se trate la propuesta en el próximo Comité Permanente del Convenio de Berna. Una votación que sería esencial para que se pueda modificar la Directiva Hábitats y poner fin a la indefensión que sufren los ganaderos frente a los ataques de esta especie.

Castilla y León es la comunidad de España que más sufre el avance territorial del lobo. Las estimaciones oficiales apuntan la presencia de 2.000 lobos, que causan 2.500 ataques anuales, el 50 por ciento de todos los que se registran en toda España. Desde la aprobación del LESPRE, normativa exclusivamente nacional impuesta de espaldas al sector ganadero por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), dirigido por Teresa Ribera, y que en la práctica impide cualquier control del lobo, tanto al norte como al sur del Duero, los animales muertos han pasado de 3.900 en el año 2021 a los más de 5.500 perdidos en 2023.

Para Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, “es lamentable que España se tire al monte y vaya por libre en Europa en un tema tan importante para la supervivencia de la ganadería extensiva como es el lobo. Mientras que la inmensa mayoría de los países están comprendiendo la asfixia que viven los ganaderos, que cada día se encuentran con ataques en su ganado, aquí no hemos escuchado todavía una sola palabra de apoyo, y menos aún políticas que protejan al sector”.

Dujo subraya que “si va adelante la propuesta aprobada ayer, se puede dar la paradoja de que en el futuro en Europa se permita efectuar controles del lobo, y en España las manadas puedan seguir expandiéndose a sus anchas. De hecho, ya está pasando al Norte del Duero, donde hoy el lobo está ‘ultraprotegido’ solo porque lo quiere el Ministerio, no porque lo determine Bruselas. Es pues, un claro problema de voluntad política”.

ASAJA recuerda a Teresa Ribera -que no ha recibido a los ganaderos y agricultores en seis años que lleva como ministra del Gobierno de España- que es más urgente que nunca encontrar una solución consensuada, por el bien de explotaciones que ya ven el abandono como única salida. En este sentido, el presidente nacional, Pedro Barato, ha indicado que “desde ASAJA mantendremos un seguimiento exhaustivo de la metodología y los informes de gestión del lobo que presente el Gobierno de España, al mismo tiempo que ofreceremos todos los datos a nuestro alcance sobre la situación que viven los ganaderos españoles cada semana”.