Ambas asociaciones creen que la moratoria es muy escasa y estarán pendientes de otro anuncio del Gobierno sobre una convocatoria de ayudas

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha garantizado, en declaraciones en algunos foros y en los medios de comunicación, un año de prórroga para adaptar la maquinaria de esparcir los purines a la nueva normativa para el abonado a las que obliga la Unión Europea para reducir las emisiones de amoniaco y otros gases.

Aunque no hay todavía confirmación oficial de esa medida, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Soria) y la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (APORSO), que ya habían solicitado de manera conjunta que se determinaran excepciones, moratorias y prórrogas, se considera un buen paso hacia la solución del problema generado con la nueva normativa, pero es a todas luces un lapso de tiempo escaso. Desde el Ministerio también se ha asegurado que “durante el primer año habrá determinadas excepciones que deberán regular las comunidades autónomas para la aplicación de esta normativa” y se ha adelantado que se pondrá en marcha una “convocatoria de ayudas para cambiar la manera de esparcir los purines”.

Tanto APORSO como ASAJA Soria no ocultan su satisfacción porque ya se están viendo las primeras acciones para paliar un problema que pone en graves aprietos a todo el sector, tanto al agrícola como a todas las especies ganaderas. En este sentido, desde APORSO se echa en falta la implicación de otras organizaciones profesionales agrarias y se lamenta que no hayan querido contar con la opinión de los ganaderos y eso al final acaba restando. A la vez, valoran el compromiso y respaldo de ASAJA Soria al campo provincial en estas reivindicaciones claves para el futuro y agradecen que esta opa haya entendido que la situación requería unión y un mensaje de unidad.

Sea como fuere, ASAJA Soria y APORSO estarán muy pendientes de las evoluciones de esta situación y seguirán en un frente de acción común para buscar soluciones y se ofrecen a colaborar con las administraciones competentes para evitar medidas coercitivas en modo de sanciones para los profesionales.