La organización discrepa sobre la eficiencia de los “ecoesquemas”, que limitarán la competitividad de las explotaciones

Desde ASAJA Castilla y León se valora que por fin esta madrugada los ministros de Agricultura de la Unión Europea hayan logrado alcanzar un acuerdo sobre las reglas de la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 y marcará las reglas para el sector agrario europeo en esta década.


Es importante subrayar que este debate ha sido ajeno al capítulo presupuestario, ya fijado en el marco financiero plurianual, pactado entre jefes de estado y gobierno, cuantificado en 47.724 millones de euros para nuestro país. Como ya ocurrió en la anterior reforma, se determina un importe similar al que había (en términos corrientes, no constantes).
Lo que hoy los Veintisiete han fijado son las líneas básicas de la nueva PAC, que estarán sostenidas por tres reglamentos, que se van a aprobar con la participación en los trílogos del consejo de ministros y el parlamento.

Aunque todavía es pronto para conocer la “letra pequeña” de estas propuestas, ya se ha determinado que destinará como mínimo un 20 por ciento de los fondos a los conocidos como “ecoesquemas”, cuyo propósito es beneficiar al clima y al medio ambiente. El sector agrario europeo, y ASAJA en concreto, ha sido muy crítica con este punto, “puesto que no queda probado que la aplicación de estos ecoesquemas garantice una mejora medioambiental, hay serias dudas sobre la efectividad de unas medidas que por el contrario restan competitividad a la agricultura europea, que tiene que competir en un mercado globalizado”, señala Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León.


Por otra parte, esta nueva PAC 2023-27 será la que más capacidad de decisión otorgue a los Estados miembro, por lo que la mayor parte de las decisiones relevantes para los agricultores y ganaderos quedarán en manos del ministro y los responsables de Agricultura de las Comunidades Autónomas. De estos acuerdos dependerá el futuro Plan Estratégico de la PAC para España que determinará puntos clave como:


-La definición de la figura del “agricultor genuino”, que es el que tendrá derecho a percibir las ayudas.
-Si las ayudas directas se abrirán a nuevos sectores, como el caso de la agricultura mediterránea (ASAJA Castilla y León ya se posicionó sobre este punto).
-El sistema de convergencia de las ayudas y la desaparición de los derechos de pago básico.
-La ayuda redistributiva, los fondos que se dedicarán a ella y hasta qué límite se percibirá.
-Sectores que se van a beneficiar de las medidas asociadas y en qué importe.
-La fijación de los diferentes ecoesquemas, qué medidas de mejora del clima y medio ambiente serán pertinentes.
-Importe máximo de ayuda por explotación, y posible degresividad de las ayudas en determinados importes.

Son temas todos ellos muy importantes, que determinarán el futuro de la agricultura y ganadería española y en concreto la de Castilla y León, donde el sector agrario es puntal de la economía y sostén principal del territorio. Hay que tener en cuenta que, dados los plazos habituales de Bruselas, y que suele prorrogarse el marco de cada PAC (como de hecho ocurre en estos momentos), “la nueva PAC será la que determine el camino de la agricultura y ganadería europea en esta década de los años veinte del siglo XXI”, apunta ASAJA.