Ante la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y a petición de Ecologistas en Acción, del decreto 4/2018 sobre actividades ganaderas, ASAJA quiere lamentar que se eche por tierra una normativa gestada para facilitar la creación de nuevas empresas en el medio rural, pero en ningún caso para reducir los requisitos ni controles sobre estos proyectos, y que además en ningún momento se refería a actividades avícolas y de porcino, que siempre han estado sometidas a autorización ambiental.
El cambio normativo, promovido hace algunos años a iniciativa de la Consejería de Agricultura y Ganadería, nació con el propósito de facilitar y acortar plazos burocráticos en la actividad empresarial y el emprendimiento en el medio rural en un contexto de crisis como el vivido en los últimos años, en la estela del acuerdo del Gobierno autonómico 21/2016, que aprobaba medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.

Pero en ningún caso este cambio implicó una reducción en los controles normativos. “Por el contrario, este real decreto ha supuesto nuevos condicionamientos para el sector, marcando mínimos que antes no existían, pero que fueron aceptados, tras un periodo de consulta y sugerencias, por todas las organizaciones agrarias, cooperativas y otros colectivos, porque suponía para los agricultores y ganadero poder acortar los larguísimos plazos administrativos que se precisan para iniciar cualquier actividad”, subraya ASAJA.
Para la OPA, “es una falacia interesada que se concentre toda la atención en el sector porcino. Primero porque precisamente la instalación de porcino está regulada por sus propias normas (MTD), y las que los críticos llaman “macrogranjas” han de cumplir requisitos mucho más estrictos, al estar sometidas a autorización ambiental. Más bien este cambio afectaba al resto de ganaderías de poca carga intensiva, principalmente familiares, en sectores como ovino, caprino, bovino, equino, etc.”, indica ASAJA.

ASAJA lamenta que Ecologistas en Acción “centre todos sus esfuerzos en judicializar cada tema que afecta al sector agrario y ganadero, marcando tantos en unos juzgados rebosantes de trabajo y que tienen que dirimir sobre asuntos muy técnicos que quizás precisarían de un análisis más exhaustivo porque, una vez hay sentencia, se hace un daño irreparable”. ASAJA añade que esta nueva sentencia, “acrecienta la sensación en el sector de que en la ciudad ni comprenden ni quieren comprender lo que hay en los pueblos”.
ASAJA quiere expresar su preocupación por la continua judicialización, siempre desde la desconfianza, a la que está sometida cualquier normativa que afecte al sector agrario y ganadero, para el que parece ser que rige eso de que de partida es culpable, mientras no se demuestre lo contrario”.

Por último, una vez pasen las elecciones autonómicas y se constituyan los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, ASAJA pedirá a todos los partidos que modifiquen la normativa para introducir por vía legal los cambios oportunos que permitan que se aplique el acortamiento de plazos que hasta ahora permitía el decreto.