El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto social y económico del COVID-19. Algunas tienen impacto directo en los autónomos y las industrias agroalimentarias.

En el texto se implementan la mayoría de las líneas de ayudas a trabajadores, autónomos y compañías incluidas en el plan de choque acordado por el Consejo del Diálogo Social, así como las específicamente diseñadas para la industria cultural y el turismo.

En la ejecución de las medidas contenidas en este decreto ley participarán, junto a la Consejería de Empleo e Industria que lo ha impulsado, los departamentos de Economía y Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Cultura y Turismo. Su vigencia se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre, salvo las referentes al área de vivienda, que están vinculadas a la duración del estado de alarma.

A continuación, se reseñan las que pueden tener más impacto en el sector agroalimentario.

Apoyos a la industria agroalimentaria y al comercio

El decreto ley aprobado recoge las medidas pactadas con el Diálogo Social para apoyar a dos sectores con un peso relevante en la economía de la Comunidad, como son la agroindustria y el comercio. Así, las empresas de transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios cuyas plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus tendrán acceso preferente a los apoyos para inversiones productivas, siempre que se comprometan a mantener el volumen de empleo previo a la declaración del estado de alarma.

Por su parte, se establecen incentivos a las pymes comerciales que acometan inversiones de modernización y digitalización o habiliten plataformas y servicios de compra ‘on-line’, así como a los establecimientos del medio rural, que están asegurando el abastecimiento de productos de primera necesidad en los pueblos. También se articulan ayudas para respaldar al tejido asociativo del sector y sus futuras iniciativas de promoción del comercio de proximidad.

Atención a los autónomos

El apoyo a los autónomos se estructura en un paquete con cinco líneas de subvenciones, que pretende dar respuesta a las distintas situaciones en las que puede encontrarse este colectivo. Contiene ayudas para promover durante seis meses la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social –la denominada tarifa plana–, así como para facilitar la reincorporación a la actividad de los que tuvieron que abandonarla como consecuencia del COVID-19, lo que se hará mediante el pago del 40 % de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre la base mínima por tres meses.

El decreto ley recoge también las subvenciones de hasta 10.000 euros que se habilitarán para ofrecer una nueva oportunidad a los trabajadores que, tras perder su empleo en esta crisis, decidan emprender por cuenta propia un nuevo proyecto; y una ayuda para proteger a los autónomos que han abandonado definitivamente su negocio y no tienen ninguna cobertura.

Junto a esto, la norma comprende los apoyos a trabajadores por cuenta propia que, sin haber cesado en su actividad, se han visto afectados por las medidas adoptadas frente al COVID-19 y necesitan una ayuda para financiar los gastos derivados de los créditos que formalicen con las entidades financieras para continuar adelante con su proyecto.

Prevención de riesgos

También se habilitan subvenciones a las empresas en materia de prevención de riesgo laborales para asegurar la protección de los trabajadores que prestan servicios esenciales, los que teletrabajan o se reincorporen de forma progresiva al ámbito laboral. Estas partidas se dedicarán a: adquisición de equipos de protección individual frente al riesgo de agentes biológicos; asistencia externa para labores de desinfección biológica de los equipos, instalaciones y personas; asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19 y la información y asesoramiento a los trabajadores y empresas de CyL para la prevención de los contagios por COVID-19 en los centros de trabajo.