En una reciente publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), se ha anunciado la declaración de emergencia cinegética en varios municipios de la región, principalmente de Ávila y Salamanca. Esta medida ha sido implementada debido a la alta prevalencia de tuberculosis en el ganado bovino, lo que representa un considerable riesgo sanitario.
La Ley 4/2021, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, permite a la Consejería declarar una emergencia cinegética cuando se detecten concentraciones peligrosas de estas especies. En este caso, la medida afecta a jabalíes, sus hibridaciones, ciervos y gamos, que representan un riesgo de transmisión de enfermedades tanto a otros animales como a humanos.
Mediante esta Orden se adoptan 4 medidas:
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Reducción Poblacional: Se implementarán acciones de caza y control poblacional para reducir las poblaciones de estas especies. Estas actividades se llevarán a cabo bajo las modalidades de caza sostenible y control sanitario, como especifica la Ley 4/2021.
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Obligaciones de los Titulares Cinegéticos: Los responsables de los derechos de caza deben informar quincenalmente sobre las acciones de caza y sus resultados. La falta de comunicación será considerada como incumplimiento de las medidas impuestas.
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Controles Poblacionales: Si las cacerías planificadas no alcanzan los niveles necesarios de captura, los titulares pueden realizar controles adicionales sometidos a un régimen de comunicación, siempre que no existan limitaciones normativas específicas.
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Refuerzos en Cacerías: Se permitirá el uso de un mayor número de perros y cazadores en cacerías colectivas, para aumentar la eficacia de las capturas.
La declaración de emergencia permanecerá vigente hasta que las condiciones que la motivaron desaparezcan, según evaluación de las autoridades competentes. Asimismo, las administraciones pueden proponer revisiones territoriales de la declaración.
La lista completa de municipios afectados está detallada en el anexo de la orden, incluyendo localidades de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, y Segovia.
Esta medida es crucial para controlar la propagación de enfermedades y proteger tanto la salud pública como la biodiversidad en Castilla y León.
