El Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista español César Luena, poniendo en peligro el sustento de agricultores y ganaderos, ignorando la situación actual del sector agrario, pese a todas las protestas que se están llevando a cabo en España y Europa.

Esta ley busca rehabilitar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos, como son las tierras de cultivo, praderas, bosques, humedales, ríos y lagos, degradados de la Unión Europea en 2030 y el 90% para el 2050, dando prioridad a las zonas de la Red Natura 2000. Esto se llevará a cabo imponiendo tanto obligaciones como objetivos en distintos ámbitos de actuación.

Una vez en buen estado, los países de la UE deberán garantizar que una zona no se deteriora de forma significativa. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

Después de las numerosas protestas de los agricultores en Bruselas, Madrid y toda Europa, y el resultado de esta votación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza, el diagnóstico de los problemas del sector está muy claro: los legisladores de la UE han abandonado los objetivos de la PAC y a nuestros agricultores y ganaderos y están dispuestos a cometer el suicidio de la no defensa de la soberanía alimentaria y de la asequibilidad de los precios.

Además, la aprobación de esta Ley puede marcar un precedente muy peligroso y es que se ha aprobado aún a sabiendas de que no tiene presupuesto y que, incluso, la propia PAC podría acabar pagando esta Ley.

Por otro lado, la inclusión de “tan solo” las zonas de Red Natura 2000 para su aplicación, hay que remarcar que para España afectará a casi el 40 % de la superficie total, donde la agricultura y la ganadería pueden pasar a ser actividades no rentables económicamente, lo que supondría automáticamente la pérdida de uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad: es decir, el pilar económico.

Desde hoy mismo empezaremos a insistir a nuestras administraciones públicas que esta ley debe ser derogada o modificada atendiendo las demandas del sector agrícola y ganadero. Desde nuestra Organización permaneceremos vigilantes a la adaptación que pretende implantar nuestro gobierno para llevar a cabo esta normativa en nuestro país.