Segovia, 17 de enero de 2025.- Desde nuestra organización provincial solicitamos a nuestro gobierno que establezca una normativa laboral concreta para nuestro sector, debido a las grandes especificidades del mismo.

Desde el Gobierno de la Nación no se ha tomado ninguna medida concreta que beneficie el desarrollo de la actividad agrícola-ganadera y cada vez nos ponen más difícil el desarrollo de nuestra actividad.

El sector agrario no puede soportar más subidas del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) sin compensaciones que disminuyan los costes salariales

El gobierno debe de velar porque nuestro sector sea rentable para poder pagar sueldos dignos. Se debe comprometer a realizar una normativa específica concreta para la actividad agraria que vaya a favor del empresario y del trabajador. Subiendo las cotizaciones sociales y el SMI, lo único que se consigue es la destrucción de empleo y de capacidad adquisitiva de las partes.

En los últimos años se han perdido 90.000 puestos de trabajo en el campo y no hay mano de obra para atender las campañas de recolección 

Tendría efectos devastadores para un sector que ve cómo se incrementan diariamente los abandonos empresariales y los cierres de explotaciones

El sector agrario ha perdido, según datos registrados en el INE, 75.000 explotaciones agrarias en el periodo 2010-2020 a lo que habría que sumar al menos 5.000 explotaciones más por el goteo incesante y continuado de abandonos y cierres de explotaciones agrarias en los últimos cuatro años. Los elevados costes de producción, las inclemencias meteorológicas, la competencia de producciones de terceros países y unos precios en origen que no permiten la rentabilidad hacen que el sector agrario no tenga margen para soportar nuevos incrementos de los costes salariales.

Desde 2016, cuando el Salario Mínimo Interprofesional quedó fijado en 655 euros hasta hoy que asciende a 1134 y que con el último incremento propuesto de 50 euros puede alcanzar los 1184 euros, el sector ha soportado una subida global del SMI del 80%, sin que se hayan previsto compensaciones o bonificaciones que alivien las cargas sociales que asumen los empresarios agrarios, como hemos reclamado en reiteradas ocasiones desde ASAJA.

El mismo incremento del SMI se podía producir en la rentabilidad de nuestras explotaciones, si nuestro gobierno pusiera medidas eficaces para rentable la actividad agraria española.

El incremento de 50 euros en el SMI que propone la ministra Yolanda Diaz tiene un impacto muy superior en el coste salarial mensual de las empresas, en torno a los 80 euros más por trabajador. Con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que subirá cada año hasta 2029) el coste mensual se sitúa en los 1.903 euros, de los que 720 euros corresponden a impuestos y cotizaciones.

En conclusión, para el sector agrario resulta de todo punto inasumible cualquier tipo de nueva subida, en el momento actual. Dicho esto, vaya por delante que desde ASAJA no rechazamos las subidas y/o mejoras salariales que se puedan adoptar para los trabajadores, pero en la situación que atraviesa el sector agrario tendrían efectos devastadores para la productividad y la competitividad de las explotaciones, salvo que éstas mejoras vayan acompañadas de compensaciones o bonificaciones para el empresario y así pueda aminorar el impacto negativo en su cuenta de resultados.