La opinión de ASAJA

Después de un año de reivindicaciones por parte de ASAJA y, en menor medida, de otras organizaciones, la Consejería de Agricultura ha propuesto una fórmula de financiación donde, utilizando artilugios contables, se reduce en un 31 por ciento, respecto a la situación anterior, el importe a pagar por los usuarios en los 25 primeros años de amortización de la obra.

Por fin Urcacyl, una unión regional de cooperativas en la que no están todas ni están las más importantes, tiene el reconocimiento de la Consejería de Agricultura y Ganadería para sentarse en el Consejo Regional Agrario como una cuarta organización agraria –junto a Coag, Upa y ASAJA–, y por tanto desempeñando una labor reivindicativa en materia de política agraria.

Esta vez, o existe un compromiso claro en su programa con el campo o los dirigentes de ASAJA votaremos en blanco en las próximas elecciones, y desearemos que nuestros afiliados, simpatizantes y amigos nos secunden.

Nosotros, los agricultores y ganaderos, también tenemos rebajas: las distintas administraciones y organismos nos las imponen al finalizar el año. No han sido pocos los temas que desde la Unión Europea hasta la Consejería de Agricultura han sido “rebajados”. Como consecuencia de ello, nuestros ingresos también acaban siendo “de saldo”.

Lo cierto es que la política agraria del Gobierno regional no tiene contestación en el Parlamento, ni por parlamentarios de su propio grupo que nos consta discrepan del cómo se están haciendo las cosas, ni por políticos de la oposición que no están ejerciendo la crítica y planteando alternativas de gobierno.

Cada vez el sector agrícola o ganadero tiene menos peso político porque somos menos. Cada vez nuestras decisiones y peticiones se tienen menos en cuenta porque suponemos menos votos. Cada vez nuestras reivindicaciones son menos atendidas.

El sector agrario de Castilla y León está a la espera de que el consejero de Agricultura y Ganadería tome la decisión de modificar el Decreto que regula el funcionamiento del Consejo Regional Agrario, como ha prometido, o que por el contrario desista de tan alocada pretensión, como sería deseable.

La Consejería de Agricultura de Castilla y León, fruto sin duda de sus políticas, se ha ido alejando de la realidad del sector, y por consecuencia también de las propias organizaciones agrarias.

Con el desacoplamiento total de las ayudas podremos realizar planificar nuestras explotaciones de un modo empresarial. Nuestra máxima inquietud en este momento es que se despeje la incertidumbre del cambio de una normativa a otra.

Estamos ante un asunto de gran trascendencia política, económica y social, pero sobre todo ante un asunto que no es indiferente a ninguno de los agricultores y ganaderos españoles.

Las dificultades de los regantes para amortizar las obras públicas de riego que se ejecutan con cargo al Plan Nacional de Regadíos o al Plan Hidrológico Nacional son cada día mayores.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha conseguido desviar la atención hacia otros temas y que nos olvidemos de la reforma de la PAC aprobada a finales de junio en la Unión Europea. Al ministro le estaban lloviendo críticas desde todos los ámbitos profesionales en una cuestión en la que precisamente quería vender todo lo contrario: una eficaz defensa de nuestros intereses agrarios en la negociación de una reforma en profundidad de las ayudas que percibe el sector.