El conjunto del sector remolachero-azucarero compuesto por las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, CNCRCA, COAG y UPA, ha mantenido una reunión para analizar los efectos del borrador de Comunicación de la Comisión Europea sobre la reforma del régimen del azúcar y fijar las actuaciones conjuntas para evitar su aprobación definitiva.
Se confirman los temores que tenía ASAJA –y que le llevaron a manifestarse el verano pasado–, en el sentido de que sólo se atenderán cerca de un centenar de expedientes de cese anticipado.
“Tu idea vale un pueblo” será el eslogan del nuevo concurso, organizado por ASAJA de Castilla y León con el patrocinio de CAJA RURAL del DUERO que pretende recabar cuantas propuestas y proyectos imaginen los más jóvenes de la región para que el medio rural no se despueble. También se ha convocado la VI edición del Concurso de Pintura Infantil "Así es mi pueblo".
El martes 29 de junio se celebró el primer encuentro entre la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Helena Caballero, y los representantes de ASAJA de Castilla y León. Entre otros puntos, los miembros de la Junta Directiva de la organización profesional agraria solicitaron a Caballero que se deriven las competencias de la gestión del órgano de aguas a la Junta de Castilla y León.
Dada la extrema gravedad de los términos defendidos en la última propuesta de reforma de la OCM del azúcar elaborada por la Comisión, que implicarían el abandono de la producción por parte de miles de agricultores de la región, ASAJA de Castilla y León ha pedido una reunión urgente con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para crear un frente común en defensa de la continuidad del cultivo de la remolacha en nuestra Comunidad Autónoma y en nuestro país.
El Consejo de Ministros de mañana viernes aprobará previsiblemente un decreto – ley que derogará el trasvase del Ebro, y que entre otras actuaciones establece las tarifas que se aplicará al cerca de un millar de hectómetros cúbicos que se quieren conseguir para compensar a la huerta de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Se trata de la primera vez en la que se legisla sobre el particular, por lo que ASAJA de Castilla y León ha advertido sobre la importancia de este baremo de precios, que seguramente sea la referencia para extrapolar el sistema en un futuro no muy lejano al resto del país.
La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha manifestado su preocupación por la postura que están manteniendo Coag y Upa respecto a la aplicación de la reforma de la PAC que se aprobó hace un año en Bruselas.
El Comité Ejecutivo de ASAJA, del que forma parte el presidente regional, Donaciano Dujo, celebró el pasado día 9 su primer encuentro con la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, con el objeto de transmitirle las principales preocupaciones del sector agrícola y ganadero.
Reproducimos la intervención, el pasado día 4 de junio, del secretario general de ASAJA de Castilla y León, José Antonio Turrado, en la Comisión creada en las Cortes para analizar el problema del despoblamiento en la Comunidad Autónoma.
ASAJA de Castilla y León ha recibido favorablemente la noticia de que se pospondrá la reforma de la actual regulación comunitaria del azúcar hasta inicios de 2005, aunque hay que advertir que este aplazamiento no implica ningún cambio en la postura que mantiene la Comisión Europea, decidida a promover una reforma drástica y claramente perjudicial para el sector.
ASAJA de Castilla y León planteó el pasado día 2 de junio en la Comisión Permanente del Consejo Regional Agrario que con carácter excepcional se autorice la quema de rastrojos para poder controlar el avance de las plagas y también el exceso de paja, propiciado por las frecuentes lluvias, que impedirá realizar las labores agrícolas correctamente.
ASAJA de Castilla y León ha pedido al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura y Ganadería que financien la implantación del nuevo sistema de identificación y registro de los animales de las especies de ovina y caprina, cuyo coste medio de puesta en marcha será de al menos 5.000 euros por explotación, cantidad a la que habrá que sumar cada año los gastos derivados de su mantenimiento
