Los problemas que asolan al sector agrario son tan diversos como persistentes. Algunos surgen de coyunturas temporales, otros de cambios en la economía global o de los caprichos del mercado exterior. Sin embargo, la mayoría de las veces, los problemas más graves que sufrimos no son producto de la naturaleza ni de los ciclos económicos, sino de las decisiones legislativas.


Y, como ya he mencionado en otras ocasiones, muchos de estos problemas son inventados por nuestros gobernantes, cuyas credenciales no se basan en una trayectoria de trabajo ni en la gestión de empresas, sino en el populismo más barato y la habilidad de hacer ruido.
Hoy nos encontramos ante uno de los mayores despropósitos: el exterminio del sector ganadero ovino debido a la imposibilidad de convivir con el lobo en nuestros campos. El lobo, depredador por excelencia, está en lo más alto de la cadena alimentaria, sin un depredador natural que regule su población salvo las enfermedades, la disponibilidad de alimento y, por supuesto, el ser humano.


En los años 70, cuando el lobo estaba al borde de la extinción, se tomaron medidas necesarias para su protección, culminando en el Decreto 155/2002, que estableció el primer plan de conservación del lobo en España. A lo largo de las décadas, gracias a esta protección, la población del lobo ha crecido exponencialmente, alcanzando hoy más de 2.000 ejemplares en nuestro país. Hasta hace poco, con un programa de gestión y control, se mantenía un cierto equilibrio, difícil pero manejable, entre la presencia del lobo y la supervivencia de nuestros rebaños.


Sin embargo, todo ha cambiado con la imposición de la agenda ideológica del Ministerio para la Transición Ecológica, liderado en su día por Teresa Ribera, quien decidió incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) el 4 de febrero de 2021. Desde entonces, el lobo se ha convertido, al igual que nuestros políticos, en una especie «aforada», a la que no se puede tocar ni controlar, sin importar los daños que cause. El lobo puede atacar, matar y destruir nuestras explotaciones con total impunidad.


Llevamos más de tres años luchando por revertir esta situación, con el ministerio en constante oposición a los intereses de los ganaderos. Afortunadamente, contamos con el apoyo firme de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, así como de otras comunidades con presencia del lobo como Galicia, Asturias y Cantabria.

Recientemente, Europa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de devolver el estatus del lobo a su situación anterior, permitiendo nuevamente su gestión mediante el Convenio de Berna, un paso previo a la modificación de la Directiva Hábitat. Como era de esperar, España e Irlanda han sido los únicos países en votar en contra de esta propuesta.

Este problema no es más que el resultado de la mala gestión de Teresa Ribera y su equipo, un problema que podrían rectificar, pero que no lo harán, porque para ellos no se trata solo de la protección del lobo, sino de la implementación de una agenda ideológica que, a este paso, extinguirá no al lobo, sino a los ganaderos.


Es nuestro deber seguir luchando contra estas políticas destructivas y defender nuestro derecho a vivir y trabajar en el campo, a proteger nuestros animales y a mantener vivos nuestros pueblos. Y esa lucha no va a parar, porque el campo español merece un futuro mejor.