Juan Pedro Medina, director general de la PAC de la Junta de Castilla y León, lamenta que el Ministerio haya ignorado las propuestas de la Administración regional y que la Comisión Europea sea “excesivamente intervencionista”: factores que han imposibilitado “poder diseñar, de verdad, el modelo de agricultura y política agraria europeas”
Verónica González Arroyo | La reforma de la PAC lleva mucho tiempo en boca de todos y aclarada casi en la mente de nadie. Tras estos dos años transitorios que aún arrastra el modelo y conceptos de 2015, comenzará a primeros de 2023 una PAC que cambia substancialmente no sólo en la forma de tramitar la Solicitud Única sino, también, en los conceptos y premisas que se han de tener en cuenta desde la presente campaña que empieza el 1 de febrero. Por estas razones, la jefa de Comunicación y Prensa de esta organización, Verónica González, ha sometido a una batería de cuestiones al director general de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina Rebollo, para que arroje algo de luz ante las tinieblas de una PAC con más exigencias medioambientales y menos compensaciones para el profesional del campo.
Pregunta: ¿Qué opinión tiene sobre la nueva PAC?
Respuesta: Como opinión personal y desde el punto de vista técnico tengo que manifestar un cierto sabor agridulce. Cuando se conocieron las líneas directrices de la reforma con la Comunicación el Futuro de la Agricultura y los Alimentos en el año 2017, el título cuando menos era sugerente y atractivo. En un segundo acto, las propuestas de los textos de reglamento en su cambio de diseño y de modelo enfocado a objetivos y resultados también suponía un gran reto para los profesionales: el poder diseñar una nueva PAC adaptada a las necesidades del sector agrícola-ganadero del país. Después, la entrada en vigor se ha retraso por varios condicionantes: elecciones europeas, nueva Comisión, pandemia… y, en mi opinión, han supuesto enfoques distintos, con mayor ambición ambiental y un reflejo positivo en el presupuesto, pero ni siquiera teniendo en cuenta el valor estratégico del sector en la crisis COVID, y en relación a la supuesta libertad en el modelo. La Comisión sigue siendo excesivamente intervencionista. En definitiva, una nueva PAC que se inicia con retraso, con un modelo de intervenciones continuista, pero incorporando mayor ambición ambiental y un presupuesto, cuando menos, congelado. Creo que es una oportunidad perdida para diseñar de verdad el modelo de agricultura y de política agraria europea ante nuevos retos a largo plazo y, por el contrario, sigue ganado peso las propuestas ambientales sin un verdadero impacto de sus consecuencias en la producción y la seguridad alimentaria de Europa.
P.: ¿Cuáles son las medidas con mayor impacto en la provincia de Salamanca?
R.: Salamanca destaca principalmente por el peso de la ganadería extensiva y, también, en la parte noreste, por una agricultura con producción media alta. En cuanto al impacto de los pagos disociados a través de la ayuda básica a la renta, hemos conseguido un mantenimiento de las regiones de pastos y de secano y, en el caso de la zona de regadío del maíz, habrá una mejora. También dentro de los aspectos positivos, destacar: el mantenimiento del modelo de pagos asociados actual incluso con mejoras en sectores como el ovino caprino como los cultivos proteicos. El aspecto, quizá, más negativo será la aplicación del pago redistributivo que perjudica a explotaciones de mayor tamaño y que se concede a todos los futuros beneficiarios, sin haberse considerado -por el Ministerio de Agricultura- nuestras propuestas de dirigir el mismo a los agricultores profesionales.
P.: Siendo los eco-regímenes unas de las medidas más novedosas, ¿cuáles podrían ser los elegidos en Salamanca al ser una provincia ganadera de extensivo y agrícola de secano y regadío?
R.: Respecto a la intervención más novedosa y que más incertidumbre crea en la aplicación de la nueva PAC denominada eco-esquemas o eco-regímenes, hay que señalar que es una medida a la que los agricultores y ganaderos se podrán acoger de carácter voluntario comprometiéndose a realizar prácticas agrarias o de manejo ganadero más ambiciosas a la línea de base que marca la condicionalidad reforzada. En el ámbito de la ganadería, la práctica del eco régimen consiste en el aprovechamiento de pastos a diente por el ganado y, por tanto, no presenta mayor dificultad para Salamanca. Y, en el caso de los sectores de cultivos, por una parte, existe una práctica en relación a la rotación anual de un 40 % de la superficie de cultivos de la explotación e introducir un 10 % de cultivos ‘mejorantes’ y la otra práctica es efectuar siembra directa en al menos el 40’5 de la explotación. Además, existe una práctica que consiste en dejar un porcentaje de superficie de la explotación de zonas no productivas adicional al establecido en la condicionalidad, que se fija en un 7’5 adicional en secano y un 4 % en regadío.
P.: 4. El eco-régimen de pastoreo extensivo parece ser el más indicado para el tipo de ganadería salmantino. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué cargas ganaderas máximas y mínimas hay que tener y cómo se aplicará? ¿Cómo calcula la carga ganadera?
R.: Efectivamente, teniendo en cuenta la importancia de los censos de ganadería de la provincia en extensivo y en un modelo adehesado resulta adecuado indicar que los pastos se dividen en dos zonas: pastos mediterráneos y pastos húmedos, en función del dato de la pluviometría media de los últimos años superior o no a 650 mm. En Salamanca, existen las dos zonas, considerándose, en principio, pastos húmedos las zonas de Béjar y Ciudad Rodrigo; y el resto, mediterráneos. Para cada zona, los importes previstos y carga ganadera son distintos. El importe estimado de euros por hectárea para pastos húmedos es de 41’09, con una carga ganadera de 2 UGM por hectárea. Para los pastos mediterráneos, 62’16 €/ha, con 1’2 UGM/ha de carga ganadera. De acuerdo a la propuesta, las cargas ganaderas indicadas se calcularán como cargas ganaderas medias anuales, contabilizándose en todo caso solo las UGMs presentes pastando en las superficies de pastos elegibles. En mi opinión, este concepto se debe precisar con más detalle en el desarrollo normativo que realice el Ministerio y debe establecerse de forma clara qué animales y de qué especies computan con las correspondientes equivalencias por especie y por edad.
P.: El cultivo del maíz es uno de los principales en el regadío de Salamanca, ¿cómo queda finalmente este cultivo en la nueva PAC?
R.: La principal dificultad que se ha alegado por el sector en relación con el cultivo de maíz ha sido la relacionada con la propuesta de la BCAM dentro de la condicionalidad reforzada y que, en principio, obligaba a rotar anualmente todas las parcelas y cultivos de la explotación. En la negociación, hemos conseguido que el criterio de la rotación anual se pueda cumplir con una diversificación de cultivos en la explotación semejante a los requisitos del actual pago verde y una rotación por parcela al cuarto año. Con este criterio, el número de explotaciones afectadas es reducido y, principalmente, serán aquellas con una superficie de regadío entre 20 y 30 hectáreas a las que se exigirá rotación al cuarto año y diversificación en dos cultivos en los que el mayoritario ocupe como máximo el 70 % en lugar del 75 % actual del pago verde, no alcanza el 1 % de los cultivadores de maíz actuales.
El pago redistributivo y la degresividad obedecen a ideologías contrarias a las que defendemos en Castilla y León
P.: ¿Qué va a pasar con los derechos? ¿Se van a mantener? ¿Cómo van a converger?
R.: En la nueva PAC 2023-2027, la ayuda básica a la renta a la sostenibilidad seguirá estando condicionada a la tenencia de derechos, que se recalcularán en 2023, teniendo en cuenta el nuevo modelo de regiones simplificado (pasamos de 50 regiones en España a 20). Por tanto, se mantienen los derechos con nuevos valores por hectárea. Y, además, otra cuestión importante es el proceso de convergencia del valor de los derechos que se aplicará de tal forma que, en 2026, el importe mínimo de un derecho en una región alcanzará el 85 % del valor medio, a consta de reducir los importes de los derechos de valores superiores a la media de forma progresiva en seis años comenzando desde 2022. Incido en la importancia de los derechos y su valor en 2022, porque será la referencia para la determinación de los nuevos valores regionales y los valores unitarios de cada derecho de los agricultores y ganaderos.
P.: ¿Cómo quedan en la nueva PAC las sociedades civiles y las sociedades limitadas?
R.: Para el caso de determinadas personas jurídicas como son las Cooperativas, SAT y explotaciones de titularidad compartida, determinados mecanismos como la degresividad de la ayuda básica a la renta o la limitación del pago a 100.000 euros, capping, los dos primeros umbrales de las primeras hectáreas para el pago redistributivo y el pago por el complemento del ayuda a jóvenes se considera el número de socios, no siendo así para las otras figuras jurídicas como las que se refiere la pregunta que se considera como una sola persona.
P.: Sabemos que los derechos van a continuar, pero partiendo de los derechos en 2022, ¿cómo se determina el valor de los derechos a partir de 2023 con las nuevas regiones?
R.: En primer lugar, se va a determinar un nuevo mosaico o capa de los usos del suelo en los cuatro valores principales: tierras de cultivos herbáceos de secano, tierras de cultivos herbáceos de regadío, pastos y cultivos permanentes, para lo que se utilizaran el uso de cada parcela en 2020 y, por tanto, se actualizarán los datos actuales que procedían de 2013. Como ejemplo: una parcela que en 2013 era tierra arable de secano y que se ha plantado en 2018 de pistachos pasará a ser cultivos permanentes y a la inversa. En segundo lugar, se utilizarán los importes del pago básico correspondientes a los derechos de 2022 y el pago verde complementario y proporcional, con los respectivos ajustes al nuevo modelo de pago en el que la ayuda básica a la renta simplificada pasa a ser el 50 %. Y, por último, esos importes se asociarán a las hectáreas declaradas en 2023 en cada región en función del tipo de derechos de 2022, como norma general.
P.: ¿Cómo va a afectar el pago redistributivo y la degresividad al tipo de explotación que hay en Salamanca?
R.: El problema de conceptos, como pago redistributivo y degresividad, obedecen a ideologías contrarias a los principios que hemos defendido y defendemos en Castilla y León, como es el caso de alcanzar cierta dimensión de forma que las explotaciones sean más rentables y permitan ser un modelo de agricultura profesional. Por ello, el pago redistributivo y la degresividad aplicados como concepto ideológico y sin discriminación o exclusividad positiva para los profesionales afectan de forma negativa a las explotaciones más profesionales que han hecho esfuerzos en crecer y que, en muchos casos, se corresponden con agricultores que han apostado por la agricultura y la ganadería incluso con expedientes de incorporación de jóvenes, a los que el boletín exigía determinada dimensión para ser beneficiario.
