El Consejo de Gobierno ha aprobado la mañana del 15 de julio la concesión de una subvención a las diputaciones provinciales de Castilla y León de 2 millones de euros para financiar la adecuación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural. Así la prestación de estos servicios será homogénea en todas las provincias, cumpliendo los parámetros de calidad temporal previstos en el plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, aprobado por Decreto 10/2021, de 31 de marzo.

La subvención sufragará tanto los proyectos técnicos previos necesarios para la construcción de parques de bomberos como el acondicionamiento de los existentes,  siendo necesario que dichas actuaciones tengan en cuenta la disminución de los impactos ambientales y  la reducción del consumo de energía. También está subvencionada la adquisición de vehículos  y demás equipamiento, siempre que esos últimos se encuadren en la categoría de inversión de capital  y sean empleados  para los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la diputación provincial.

El reparto por provincias es el siguiente: Ávila, 200.971 euros;  Burgos, 254.345 euros, León, 323.079 euros; Palencia, 171.353 euros; Salamanca, 277.306 euros; Segovia, 185.391 euros; Soria, 160.121 euros; Valladolid, 211.840 euros; y Zamora, 215.589 euros.

La justificación de la concesión directa de estas subvenciones, se basa en  razones de interés público, ya que con estas subvenciones, la Junta de Castilla y León trata de coadyuvar, coyunturalmente, en la mejora de un servicio público de ámbito rural de interés general, como es el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, teniendo en cuenta además con ello, su aportación a la adaptación, resiliencia y contribución al cambio climático, además dicho servicio afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía, tanto en lo que se refiere a la integridad  física de las personas, como en la protección de sus bienes.

Durante los meses más duros de la pandemia en 2020, los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento dependientes de las diputaciones provinciales de la Comunidad, no solo desempeñaron las funciones propias del cuerpo al que pertenecen, sino que además se convirtieron en un recurso de primer orden en la lucha contra de la pandemia de la COVID, realizando actuaciones de desinfección en centros de mayores,  en espacio de tránsito de ciudadanos, en centros de salud y en lugares donde se realizaban pruebas de detección del virus, situación que ha puesto de manifiesto la importancia de que estos servicios, se presten en el medio rural utilizando infraestructuras y recursos modernos.

La adecuación de infraestructuras y equipamiento, precisa de una inversión que demanda del apoyo de la Administración autonómica, en el ejercicio de sus competencias de coordinación y colaboración, dentro del marco de la sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático cuyos principios deben regir toda actuación pública, tanto la actividad prestacional de servicios, como la actividad inversora que financie dichos servicios. Por eso, el oportuno apoyo económico de la Administración autonómica a estos servicios provinciales, debe servir para avanzar en la consolidación de una economía sostenible y más digital, así como orientarse al fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, establecidos como meta dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, de las Directrices para la Implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León.