Especial PAC 2023 | HACE UN MES, culminó la legislatura para las organizaciones agrarias en Castilla y León. Fue el 12 de febrero el día en que se celebraron las elecciones a representatividad. Es el examen al que nos exponemos los interlocutores del sector con las administraciones públicas o con cualquier otro agente que intervenga directa o indirectamente en la actividad agraria, en su rentabilidad, pero también en su desarrollo y futura supervivencia. A esta elección, concurríamos tres organizaciones en toda la comunidad. El motivo por el que no se presentan más es porque hace falta conseguir un mínimo del 20 % de los votos en cada provincia para conseguir representatividad en la misma; y un mínimo del 15 % en el conjunto de la comunidad para conseguir la representatividad en ámbito regional. Algo razonable, porque de no contar un mínimo de avales, tendríamos unas mesas de trabajo en las que participarían 50 organizaciones de cada sector y sería imposible la interlocución y el mínimo acuerdo.
El sector a pie de campo, en la mayoría de los casos, desconoce la importancia de obtener un fuerte respaldo en estas elecciones, ya por ese simple hecho; que legítimamente y constitucionalmente el sector agrario tenga esta posibilidad, de contar con alguien que realmente les defienda, es de valorar. ¡Ya quisieran el resto de profesiones disponer del mismo derecho para poder filtrar a los que sólo trabajan por el interés propio de aquellos que lo hacen por el interés general! No menos desconocido son todos los derechos que nos otorga a las organizaciones respaldadas por los votos: el derecho a participar en el Consejo Agrario Provincial, Consejo Agrario Regional, Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, Comité Asesor Agroalimentario, Comité de seguimiento de Desarrollo Rural, o en los consejos de estadística, asesoría de medioambiente o de la Mujer, incluso, para verlo más de cerca, gracias a esta representatividad, definimos los participantes de las propias mesas de la Lonja Agropecuaria. Debido al desconocimiento de las elecciones, se podría justificar la poca participación en los anteriores procesos en 2012 y en 2018, en los que en ámbito provincial no participo ni el 50 % de los que tenían el derecho a voto, circunstancia que a su vez aparentan un menosprecio al esfuerzo que realizamos las organizaciones agrarias en las tareas diarias.
Afortunadamente, esta tendencia de participación se ha visto muy mejorada en esta última consulta, aumentando en un 10 % la participación frente a la de 2018, ha pasado del 48 % al 58 % este febrero. Más gratificante es saber que todo ese crecimiento en participación es justo el mismo que ha experimentado ASAJA Salamanca, obteniendo 1.654 votos, de las 3.116 personas que fueron a votar (censo provincial de 5.391), el 53 % es de ASAJA Salamanca. Hemos sacado 464 votos más que lo que obtuvimos en 2018. De ahí se entiende que de los votos con los que ha crecido ASAJA Castilla y León (495), casi en su totalidad son de Salamanca, 31 de otras provincias.
Con este apoyo que nos otorga el sector solo cabe dos acciones: dar las gracias a todo el equipo técnico de ASAJA Salamanca, al Comité de Dirección, a la Junta Provincial, al esfuerzo de muchos socios implicados con la entidad, a la extensión regional y nacional de esta casa, con los respectivos presidentes a la cabeza, y, finalmente, a todos los que con su voto respaldaron la opción de ASAJA. Y la otra acción, con toda la confianza depositada en esta casa, es seguir trabajando como lo hemos hecho en estos años, pero con más confianza en nosotros mismos, porque ese apoyo se tiene que traducir en resultados que mejoren las condiciones del sector más importante en la viabilidad de cualquier país, el que alimenta a toda la sociedad, el que mantiene la vertebración del territorio y el medioambiente, el sector agrario.
