ASAJA considera que las enmiendas aprobadas ayer en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (COMAGRI), si bien es cierto que no empeoran las propuestas de la Comisión Europea, ya de por si muy negativas para los agricultores y ganaderos europeos en general y españoles en particular, y que incluso introducen mejoras y flexibilidad en varias de las propuestas, siguen manteniendo una filosofía “continuista” con los principios defendidos por el comisario Ciolos en sus propuestas y, por tanto, sus incongruencia respeto a la realidad y necesidades del sector agropecuario europeo.

En opinión de ASAJA, la COMAGRI ha aceptado las líneas básicas de las propuestas del Comisario Ciolos, muchas de ellas alejadas del principio de orientación al mercado y fomento de la producción, y otras que imponen mayores costes de producción o complejidad burocrática y administrativa y que son incluso contrarias a principios como el de legitimación de los pagos directos, si bien introduce enmiendas que flexibilizan, dar mayor margen de maniobra a los Estados Miembros, o “dulcifican” los limites, montantes o topes, para que aparezcan más fáciles de asumir por parte de los agricultores y ganaderos.

La ganadería es la gran abandonada en esta Reforma, donde la Comisión no pone en sus propuestas ninguna medida que vaya a favor del mantenimiento y fomento de la actividad ganadera, dejando que sea el régimen voluntario de pago asociado el que aporte una solución, a todas luces insuficiente, al sector. Las enmiendas del PE proponen aumentar los fondos destinados a este capítulo, si bien hay que recordar que esto se hace deduciendo este montante del Pago Base, lo que es digno de reconocimiento, pero no hace una verdadera propuesta en defensa del sector ganadero.

No entendemos que la Comisión pretenda en sus propuestas “legitimar” la PAC, mientras que por otro lado exime a los beneficiarios de menos de 5.000 euros de la posibilidad de verse excluidos de dichos pagos si incumplen los requisitos que se exigen a los agricultores profesionales. De igual manera, excluye incomprensiblemente a los pequeños beneficiarios (de menos de 1.500 €) de realizar prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente.

Por otra parte, y a pesar de que los diputados introducen aportaciones que suavizan los requisitos del llamado “greening o pago verde”, mantienen, no solo el principio, que pone en cuestión las practicas beneficiosas que el agricultor y ganadero realiza ya en materia ambiental, sino el elevadísimo porcentaje que esta medida supone en los ingresos del productor (30% del sobre nacional), su carácter obligatorio y penalizador, así como la “tasa plana en este tipo de pago”, sin hacer diferencia individualizada según el tipo de producción que se realice.

De igual manera, mientras que lo que se debe pretender es mejorar la productividad de las explotaciones agrarias, tanto la Comisión Europea, como la COMAGRI del PE favorecen de forma clara y evidente la partición y división de las explotaciones.

En materia de desarrollo rural, las enmiendas de la Comisión de Agricultura del PE mejoran algunos aspectos de la propuesta de Ciolos, especialmente en materia de inversiones en regadíos, eliminando algunos criterios que imposibilitarían a los empresarios agrarios españoles acceder estas mejoras en sus estructuras productivas. Sin embargo, echamos de menos que no se de una orientación al Consejo en materia de mejora de los niveles de cofinanciación en las regiones que pasaran a considerarse “de transición”, que las inversiones contemplen la adquisición de tierra o que la transferencia entre pilares sea equivalente en ambos sentido, es decir que el paso de fondos de medidas del segundo pilar hacia los pagos directos sea igual al trasvase en sentido contrario, para adaptarse mejor a la realidad y necesidades de cada EE.MM.

En materia de regulación de mercados, aplaudimos la continuidad de las medidas de gestión en el sector del vino y el régimen de cuotas para la remolacha. Por el contrario, lamentamos que las propuestas del ponente en materia de extensión del régimen de cuotas lecheras no hayan sido adoptadas y esperamos que las medidas de gestión que se implementen puedan poner orden en este sector.

La puesta al día de los precios de referencia, esenciales a la hora de desencadenar medidas públicas y privadas de gestión de la oferta, era una necesidad palmaria que venía demandando el sector. No así las propuestas de Dantín en materia de Organizaciones de Productores, donde estimamos que la Comisión había detectado los errores del pasado y suavizado las condiciones de pertenencia, para que fueran realmente voluntarias y no obligatorias. Esto no lo ha entendido el PE, que apuesta por reforzar las funciones de unas Organizaciones de Productores que, al menos en España, no han redundado en beneficio de las condiciones de venta de los productos por parte de los agricultores y ganaderos, objetivo esencial de estas Organizaciones.

ASAJA continuará realizando propuestas constructivas para que, tanto en la votación que tendrá lugar en el pleno del Parlamento Europeo a mediados del mes de marzo, como en el proceso de negociación entre Consejo, Comisión y Parlamento para llegar a un acuerdo final, las propuestas puedan ser reconducidas y poder ofrecer a los agricultores y ganaderos una PAC que garantice estabilidad, rentabilidad, sostenibilidad, relevo generacional y perspectiva de futuro.