Los datos apuntaban a una multa de 65,4 millones de euros

La organización agraria ASAJA de Castilla y León pide al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que dé una explicación de por qué ha retirado de su web información relativa al sistema de cuotas, que era relevante para que los ganaderos tomen decisiones sobre la gestión de sus explotaciones. El ministerio de Agricultura había prometido al sector información pública y puntual sobre las entregas mensuales de leche con el fin de disponer de datos objetivos sobre un posible sobrepasamiento de cuota cuando finalice la campaña en curso, el 30 de marzo de 2015. Esta información se proporcionó con el informe del mes de abril –todavía íntegro en la web– así como con el informe del mes de mayo. Pero este último, que se publicó a principios de semana, se retiró de la web coincidiendo con una nota de ASAJA de Castilla y León sobre esta cuestión, y se ha vuelto a colgar, eso sí, suprimiendo una página de información relevante.

El texto suprimido hace alusión a las entregas en las últimas tres campañas y la proyección de la 2014/2015 con los datos ya conocidos de los meses de abril y mayo, donde el ministerio estima que se incrementará la producción el 6% y sobrepasaremos nuestra cuota en un 3,73%.

ASAJA de Castilla y León se pregunta si el ministerio de Agricultura piensa que los problemas pueden solucionarse ignorándolos, o lo que es peor, ocultando la realidad durante un tiempo, pues al final, las cifras serán las que determinen las entregas y el coste económico recaerá sobre los ganaderos si el ministerio no adopta medidas al respecto. ASAJA ha pedido a Agricultura que se una a los países que están pidiendo un “aterrizaje suave” del sistema de cuotas, pues no tiene sentido que se penalice la leche entregada en marzo cuando a partir de abril se puede entregar toda la que se quiera sin limitación alguna. En la parte del informe que “levantó” el FEGA, se apuntaba a un sobrepasamiento de 242.337 toneladas de leche que, a 27 céntimos el kilo, supone una multa de 65,4 millones de euros que tendrían que abonar los ganaderos españoles a Bruselas. La normativa española contempla una retención a cuenta, en la facturación mensual que hacen las empresas, que se empezará a aplicar en el mes de enero.