En los últimos meses han surgido posturas favorables a plantear un cambio en la normativa comunitaria que regula la definición de brandy (Reglamento CE 110/2008) con el fin de reducir el porcentaje de destilados de vino necesarios para su elaboración o, incluso, contemplar la posibilidad de utilizar otros alcoholes de origen distinto a los del vino para elaborar esta clase de bebidas. ASAJA se opone a esta iniciativa y advierte de las graves consecuencias que tendría para nuestro sector vitivinícola.
Este cambio ha sido propuesto por el sector vitivinícola francés, apoyado por los productores de Vino de Oporto, quienes defienden el uso de hasta un 50% de destilado de subproductos para la elaboración de los brandys frente a la reglamentación actual que obliga a que el 100% sean destilados de vino. Con esta postura se ha alineado en España la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), que incluso pide que se disminuya el grado alcohólico, de los 36 actuales a 30, y que se permita la utilización de alcoholes agrícolas procedentes de otros cultivos distintos de la uva.
ASAJA alerta que de producirse estos cambios en la reglamentación europea las consecuencias para nuestro sector vitivinícola nacional podrían ser muy negativas teniendo en cuenta que de la cosecha media española de vino (en torno a los 40 millones de hectolitros) entre 4 y 6 se destinan anualmente a la destilación para la elaboración de bebidas espirituosas, entre ellas, el brandy, y la reducción de estas cantidades podría provocar excedentes de vino en el mercado.
Por ello, la nuestra Organización es contraria a cambiar este Reglamento sobre el brandy, una bebida espirituosa que tradicionalmente tiene su origen en los destilados del vino y por lo que ha alcanzado prestigio internacional.
Ante este debate abierto en torno al brandy, ASAJA pide al Ministerio de Agricultura que defienda la continuidad del Reglamento por el que se rige actualmente la elaboración de esta bebida espirituosa, elaborada al 100% con destilados de vino. Este apoyo a la continuidad del Reglamento actual ya ha sido expresado por países miembro de la UE como Italia.
