El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, han firmado esta mañana el segundo de los convenios incluidos en el protocolo suscrito en julio entre el Presidente y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales para aumentar la oferta de alquiler social en el medio rural, dando preferencia a los jóvenes. El convenio incluye la rehabilitación de 16 viviendas y la aportación de 832.000 euros, a partes iguales, entre ambas administraciones.  A mayores, la Junta añadirá una inversión de 870.000 euros para la adecuación de otras 18 viviendas más. En total se prevé destinar 1,7 millones para rehabilitar 34 viviendas. Al final de la legislatura, la provincia de Salamanca contará con 63 viviendas rehabilitadas tras una inversión de 5 millones de euros. La inversión total en Castilla y León alcanza ya 12,1 millones de euros, y las previsiones hasta 2023 contemplan otros 12,2 millones más, y un total de 508 viviendas rehabilitadas cuando finalice esta legislatura.

El convenio firmado entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Diputación de Salamanca contempla que cada una de las instituciones aportará 416.000 euros para la rehabilitación de los inmuebles. Habrá una Comisión de Seguimiento cuya función principal será seleccionar las 16 viviendas a recuperar en el marco de este acuerdo, que deberán ser de titularidad municipal en pleno dominio y libre de cargas. Los municipios deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León. La Diputación prestará el apoyo y la coordinación necesaria para llevar a cabo las actuaciones y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente será la responsable de contratar las obras de rehabilitación.

El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 43.000 euros más IVA y, en el caso de que se superase, será el ayuntamiento quien se haga cargo del exceso.

El convenio firmado para la provincia de Salamanca expresa que tendrán preferencia las actuaciones de menor coste y las de mayor valor arquitectónico del inmueble.

Por su parte, la Junta compromete hasta 2023 una inversión propia, a mayores del convenio suscrito, de 870.000 euros para rehabilitar otras 18 viviendas más en la provincia de Salamanca, de modo que la inversión total será de 1,7 millones de euros y 34 nuevas viviendas.

Desde 2016 y hasta el final de la legislatura, la inversión en la provincia de Salamanca habrá ascendido hasta los 5 millones de euros y 63 las viviendas incorporadas al programa Rehabitare para incrementar la oferta de alquiler social en el medio rural.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción por la incorporación de las diputaciones provinciales al programa Rehabitare, “lo que supondrá un considerable impulso para seguir ampliando el parque público de vivienda social en Castilla y León y muy especialmente en el medio rural, donde se centra específicamente este programa, que ya se ha consolidado como una herramienta eficaz para facilitar el acceso al alquiler de vivienda a las familias más necesitadas, frenar la despoblación del medio rural y estimular la actividad económica a través de la rehabilitación de las viviendas”, ha señalado Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El programa Rehabitare en Castilla y León

El programa comenzó como proyecto piloto en la provincia de Palencia en 2009 y a partir de 2016 se extendió a toda la Comunidad. En estos cinco años, desde 2016 hasta finales de 2020, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha recuperado un total de 262 viviendas -242 propiedad de ayuntamientos y 20 propiedad de la Iglesia- para ofrecerlas en régimen de alquiler social, pasando a formar parte del parque público de alquiler. La inversión en obras de reforma y rehabilitación ha ascendido a 12.136.397 euros.

En la provincia de Salamanca, desde 2016 hasta finales de 2020, se han rehabilitado un total de 29 viviendas (26 municipales y 3 pertenecientes al Obispado de Ciudad Rodrigo), lo que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros en la provincia. 

En cuanto a futuras actuaciones, la previsión de la Junta es rehabilitar en toda la Comunidad un total de 246 viviendas durante los próximos tres años (2021 a 2023), para lo cual se destinarán más de 12 millones de euros. Estas inversiones contarán por primera vez con la participación de las Diputaciones Provinciales que desde este año 2020 se incorporan a este programa tras la firma el pasado mes de Julio de un protocolo de actuaciones por el presidente de la JCYL con los presidentes de las nueve provincias, y posteriores convenios bilaterales con la Consejería, como el firmado en Salamanca.

En definitiva, desde su puesta en marcha del programa Rehabitare, cuando finalice la actual legislatura se habrá actuado en la recuperación de 508 viviendas en el ámbito rural con una inversión total de 24,3 millones de euros.

Rehabitare, ‘programa de economía circular’

El objetivo de ‘Rehabitare’ es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación es interesante para el medio rural. Los inmuebles se ubican por lo general en los cascos urbanos, lo que permite contar con todo tipo de servicios, optimizando así las infraestructuras existentes y evitando el deterioro de un patrimonio municipal, a la vez que contribuye a la lucha contra la despoblación, a facilitar el acceso a la vivienda de quienes menos tienen, y fomenta la obra pública y el empleo en el medio rural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente firma convenios con la propiedad –inicialmente fueron los ayuntamientos y posteriormente se sumaron también los obispados- que permiten a la Junta de Castilla y León rehabilitar los inmuebles para destinarlos al alquiler social e integrarse en el parque público de viviendas de la Comunidad de Castilla y León.

Posteriormente son los ayuntamientos quienes determinan el precio del alquiler, que no podrá exceder la tercera parte de los ingresos de la unidad arrendataria, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la ley del derecho a la vivienda de Castilla y León, con prioridad a los jóvenes para promover su emancipación, a las víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y a las personas sin hogar.

El programa Rehabitare forma parte del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social y cuya finalidad última es el fomento del alquiler para las familias y personas más necesitadas y contribuir a fijar población en el medio rural.

Ayudas para el alquiler y compra de la vivienda con especial atención a los jóvenes

La Junta de Castilla y León mantiene abiertas distintas líneas de apoyo en favor de los jóvenes. El programa Rehabitare es una de ellas, ya que municipios titulares de las viviendas que la Junta rehabilite deberán dar prioridad en el alquiler de estos inmuebles a los jóvenes.

También hay destacar la convocatoria de ayudas al alquiler, que los años realiza la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la pretensión de ayudar a las familias con menos recursos a sufragar un importante porcentaje de la renta de alquiler (el 40%) y que llega hasta el 50% en el caso de jóvenes menores de 35 años o mayores de 65 años. En la última convocatoria resuelta, la del año 2019, se han destinado 20,1 millones de euros a estas ayudas y por cuarto año consecutivo ha atendido a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos de la convocatoria. En total han sido 12.623 beneficiarios en todo Castilla y León, de los cuales 3.129 han sido jóvenes, lo que supone que a ellos se han destinado casi 6,3 millones de euros. En la provincia de Salamanca, de los 1.838 beneficiarios de esta última convocatoria resuelta, 799 fueron jóvenes y a ellos se han destinado 1,7 millones de euros.

Con esa misma pretensión la Junta ha emprendido también actuaciones dirigidas a fijar población joven en el medio rural. El pasado verano, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció la reducción en un 20% el precio de compra de las viviendas de protección pública a jóvenes menores de 35 años. En el caso de la provincia de Salamanca, a través de Somacyl, está prevista la construcción de 16 viviendas de protección pública en el municipio de Guijuelo. Se trata de incentivar el asentamiento de familias jóvenes en municipios de Comunidad de menos de 10.000 habitantes, ofreciendo viviendas en venta a unos precios muy asequibles y facilitando la accesibilidad de los jóvenes al mercado hipotecario.

Por último, la Junta también ha realizado actuaciones para el incremento del parque público de alquiler social en la ciudad de Salamanca. Así, en el marco del Plan Estatal de Vivienda y Suelo 2018-2021, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha financiado, junto con el Ayuntamiento, la construcción de tres promociones de 35, 36 y 45 viviendas (116 en total), por un importe de 1.555.425 euros.