La multa a las industrias lácteas, la recogida de plásticos, la campaña para el fomento de consumo y la normativa de purines, entre los principales asuntos
La sectorial de vacuno de ASAJA Palencia se reunía esta semana para abordar asuntos como la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las principales industrias lácteas por intercambiar información y pactar precios de la leche, estrategias que limitan la capacidad y libertad de elección por parte de los ganaderos, e incrementa la dependencia de los productores a la industria, distorsionando el mercado.
La recogida de plásticos de uso ganadero fue otro de los temas que se trataron durante el encuentro, un proyecto que a pesar del gran interés medioambiental que reviste y del tiempo transcurrido desde que se iniciaron las reuniones, no acaba de materializarse. La Diputación, responsable del proyecto que ha respaldado ASAJA desde el principio, ha anunciado la inminente puesta en marcha de este servicio.
Por otro lado, los miembros de la sectorial fueron informados de la inversión que van a realizar los ganaderos de leche de la provincia en colaboración con la InLac para promover el consumo de lácteos. En este sentido, recordar que desde 2012 los ganaderos y la industria aportan una cantidad según los litros producidos, fundamentalmente para la promoción del consumo de lácteos, con el objetivo de poner en valor la actividad del sector.
Otro de los asuntos que centró el interés de los participantes en la reunión se refiere a la adaptación de la maquinaria para la aplicación de purines. Las dificultades que están encontrando los ganaderos para adecuarse a la nueva normativa, con problemas técnicos e incluso el atasco de las máquinas, requirió una prórroga de un año, un plazo que finaliza en enero de 2020, fecha a partir de la cual estará prohibido esparcir purines en cañón y en abanico, y tendrá que aplicarse en bandas sobre el terreno o con un método de inyección.
Además la mesa de vacuno debatió sobre la actual situación del sector, los censos y producciones, los precios y otros asuntos como el registro de productores de residuos peligrosos –que está vigente desde el pasado año- y la tasa necesaria para la inscripción en el mismo.