Donaciano Dujo Caminero, presidente de ASAJA Castilla y León

Tan imprevista como injustificada parece que fue la decisión de la directiva nacional de Vox que obligó a los cargos políticos de las comunidades autónomas que tenían en coalición con otros partidos a dimitir. Como consecuencia de ello, en Castilla y León comenzamos el verano con un consejero y ya tenemos una nueva titular. Gerardo Dueñas, tras dos años de mandato, deja el cargo y regresa a su trabajo anterior, y como presidente de ASAJA le agradezco este tiempo al frente del departamento y le deseo lo mejor para el futuro.

Doy la enhorabuena a la nueva consejera, persona que conoce el sector y la propia consejería, donde ya ocupó puestos de responsabilidad, y le ofrezco la experiencia y capacidad de trabajo de ASAJA para conseguir lo mejor para los agricultores y ganaderos. Los medios de comunicación califican a esta consejería de primera categoría, y no digo que las otras sean menos importantes, pero sin duda la agricultura y ganadería son vitales para nuestra comunidad autónoma.

Las funciones de la consejera se podrían agrupar en tres grandes apartados. El primero, administrar todos los activos, económicos y de personal, que están a su cargo, con responsabilidad, eficacia y visión de futuro, para lograr que los agricultores y ganaderos, se sientan a gusto con su gestión. El segundo, hacer valer su peso en el Consejo de Gobierno de la Junta, imprescindible para conseguir un buen presupuesto, y para poder financiar ayudas extraordinarias (sequía, enfermedades, plagas…) cuando el sector lo necesite, así como defender frente a otros departamentos a los agricultores y ganaderos en asuntos en los que son la parte débil y sus intereses pueden verse menoscabados: ley cadena alimentaria, macroparques solares, fauna salvaje, etc.  Y tercero: la consejera tiene que encabezar la negociación y también la exigencia de nuestra tierra en materias importantísimas que se deciden desde el Gobierno nacional: negociación de la PAC, usos del agua e infraestructuras, mercado y control de importaciones y exportaciones, medidas fiscales, trabajo y seguridad social, etc.

También fundamental es que todos estos objetivos no sean castillos en el aire diseñados desde los despachos, sino que se alineen con los intereses y necesidades de los agricultores y ganaderos. Para ello, la consejería tiene que escuchar al sector, a través de sus representantes democráticamente elegidos, las organizaciones profesionales agrarias.

Siempre que sea posible, hay que seguir por la vía del acuerdo entre Consejería y OPAs. Esta fórmula ha dado muy buenos resultados que han repercutido en avances positivos para los profesionales del campo en temas como la flexibilización de la PAC, ayudas extraordinarias como las de la sequía o la EHE, la adaptación del saneamiento ganadero, el apoyo a los seguros agrarios, las ayudas al relevo generacional y sucesión de explotaciones, o la investigación y seguimiento de las plagas. Este tipo de acuerdos se ha demostrado que son buenos para el sector, negociar no significa perder, sino llegar a un punto razonable en el que ambas partes puedan sumar fuerzas y avanzar, en beneficio de los agricultores y ganaderos.

Castilla y León tiene una agricultura muy profesional, y por lo tanto es este el modelo que desde la Junta se tiene que apoyar. La consejera debe hacer política de verdad, de la buena, buscando hacer la vida a los agricultores y ganaderos lo más fácil y rentable posible, evitando burocracia innecesaria. Eso no significa que estemos con el “todo vale”, porque nada tiene que ser gratis: hay que ayudar a los que con un poco hacen mucho, y cerrar las puertas tanto a la especulación como a la exigencia por la exigencia.

Por último, siempre serán pocos los esfuerzos que haga la consejera para mediar entre los productores y los intermediarios, que demasiadas veces quieren “hacer el agosto”, en agosto y todo el año. Tiene que escucharse, clara y rotunda, la voz de las administraciones, para proteger al campo, el eslabón más débil, y garantizar el cumplimiento de esa ley de la cadena que garantiza precios justos.

Por último, no puedo menos que desear que, en lo que queda de esta legislatura, María González Corral tenga éxito, porque su éxito repercutirá en la bonanza de la agricultura y ganadería de Castilla y León.