Se podría decir que la modernización del Bajo Carrión constará de dos partes: una de ellas es la captación de aguas del río Carrión a la altura de la localidad de Gañinas y el traslado del agua hasta el inicio de la comunidad de regantes, consiguiendo así la presión suficiente para el riego sin coste energético, y otra la modernización de las infraestructuras de riego de la propia comunidad.

El pasado jueves, el ministro Luis Planas firmaba el convenio con SEIASA para realizar las obras de modernización de regadíos incluidas en el «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos», integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española (Fase II) y la Delegación del Gobierno rápidamente envió a los medios de comunicación la noticia, indicando que dentro del dinero asignado a Castilla y León (46,5 millones de euros sumando inversión pública y privada) se incluirían dos obras, una ubicada en Soria y la otra correspondiente al Bajo Carrión.

Esto coincide con lo que a los regantes del Bajo Carrión se les había prometido -concretamente sería la parte de la captación y traslado del agua hasta la comunidad la que se acogería a estas ayudas- pero desgraciadamente no coincide con la realidad. El sábado se publicaba en los medios de comunicación regionales y provinciales que la ayuda estaría destinada al Bajo Carrión y a las comunidades de regantes sorianas Canal de Ines y Canal de Eza pero el mismo sábado se publicaba también, como cada sábado, el Boletín Oficial del Estado y la sorpresa y decepción de los regantes del Bajo Carrión ha sido mayúscula cuando han visto que las ayudas pregonadas por la Delegación del Gobierno, publicadas en los medios de comunicación y que se les habían prometido en diversas reuniones, no se les han adjudicado.

La Comunidad de Regantes del Bajo Carrión solicita que se realice una urgente corrección de errores en el BOE para incluir a esta comunidad en las ayudas, como se merecen, o se reservan la posibilidad de solicitar la dimisión de los diversos responsables de esta situación.

Estas ayudas (Fase I más Fase II) suponen un total de 563 millones de euros, que sumando la parte privada ascendería a un total de 703,75 millones. De este montante Castilla y León sólo recibiría el 6,62%, muy por detrás del 17,56% de Andalucía, el 12% de Aragón o el 11,88 de la Comunidad Valenciana.