Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León

Soy de Ledigos, un pueblo en el camino de Santiago en la provincia de Palencia con una superficie de 3000 hectáreas, de las que 1700 son de cultivo y 1300 de monte. En los años sesenta había 10.000 ovejas y más de un centenar de vacas pastando en Ledigos, y cerca de 50 agricultores se ocupaban de trabajar la tierra. Con una agricultura poco más que de supervivencia, había que aprovechar todo el terreno para conseguir el máximo cereal posible, para venta y para mantener la ganadería. Hoy no hay en mi pueblo ninguna oveja y por supuesto ninguna vaca pastando y seis agricultores nos ocupamos de la tierra, con explotaciones mucho mayores, tratando de obtener un poco de rentabilidad -y a veces ni se consigue- y tratando de cumplir la maraña de normativa que llega por triplicado de Bruselas, Madrid y Castilla y León. Ya no queda uno solo de esos rebaños que recorría tierras y montes buscando hierbas y brotes para alimentarse, tampoco prácticas ancestrales como las quemas controladas de rastrojos, con las que nuestros antepasados eliminaban maleza, malas hierbas, y plagas que ahora se han hecho resistentes pese a tantos productos fitosanitarios. Hoy en Legidos, todo lo que es de titularidad pública, por tanto, lo que es de todos, desde el monte en su totalidad, hasta los márgenes de los arroyos y regueras o las cunetas de los caminos, están llenos de hierbas secas acumuladas durante años, sin aprovechamiento, pero también sin limpieza. Una tea que puede arder cuando las circunstancias vienen mal dadas, y sabemos que en los últimos años el riesgo se ha multiplicado. Un rayo, un accidente o un pirómano, que ahí están, pueden ser el origen de un incendio que con estas temperaturas y sequía ya crónica del terreno tiene propagación devastadora y es muy difícil de apagar.

Los episodios de los últimos tiempos exigen cambiar las cosas, no basta solo con lamentarnos hasta que ocurra una nueva desgracia. La Ley de montes nacional y de las Comunidades autónomas se ha comprobado que no están adaptadas ni a la climatología actual ni a las prácticas agrícolas y ganaderas actuales, ni a la despoblación que padecemos. Los profesionales del campo -que algo sí lo conocemos, aunque a veces parezca que no quieren escucharnos ni siquiera cuando queremos salvar nuestras explotaciones de las llamas-, lo primero que no entendemos es el concepto de monte. El sentido común apunta que monte es una masa arbolada de cierto tamaño, pero la ley viene a considerar “monte” todo lo que no es urbano o agrícola. Así, si Castilla y León tiene tres millones de hectáreas de terreno forestal, a efectos de la normativa hay 5.135.000 hectáreas, casi el doble. Una cifra que se infla llamando forestal a prados y pastizales. También importante es señalar que más de la mitad de esos cinco millones de hectáreas son de titularidad pública, principalmente de ayuntamientos y entidades locales menores.

Cuando todo se protege, al final no se protege nada correctamente. Los recursos, en medio ambiente, en sanidad, en pensiones, en lo que quieras, son limitados, y el que diga lo contrario es un demagogo. Al final, las masas de verdad arboladas, están tan atendidas o más bien tan olvidadas como un pastizal, en lugar de ser zonificadas, divididas por cortafuegos de anchura, bien mantenidos, que eviten que el fuego se frene, porque incendios siempre ha habido y por desgracia seguirá habiendo.

La postura más fácil para las administraciones es prohibir. Si prohíbo, nada pasa, nada gasto, parece que piensan algunos. Pero eso no es verdad. Se han diseñado demasiadas políticas infantiles, apoyadas por algunos grupos ecologistas a los que, por cierto, hemos echado en falta estos días, cuando los vecinos salían a defender como podían sus pueblos de las llamas. Las administraciones tienen que contar con los que estamos 365 días al año en el territorio. No puede ser que un paisano no pueda si quiera limpiar un camino que pasa por su finca.

Cuando todavía huelen las ascuas de los incendios en tantos puntos de la región, no creo que sea el momento de anunciar a bombo y platillo medidas sin el respaldo técnico preciso y sin estar consensuadas por las propias personas que vivimos en el campo. Los cambios que se necesitan son de calado y hay que dar pasos firmes y no soflamas en caliente. Lo que sí es urgente es permitir a los agricultores finalizar las labores de siega en tiempo y forma. Al igual que en el tema de la Ley de Montes y lo que considera “monte”, la administración tiene que afinar más en sus limitaciones, porque no es lo mismo la temperatura y humedad en Tierra de Campos que en la periferia de la Comunidad. Satélites hay para comprobar hasta media hectárea fuera de sitio, no parece que en este siglo XXI no se pueda afinar más sobre las condiciones que deben regir en cada zona de una comunidad tan extensa como la nuestra.

Estos días he oído más que nunca lo que siempre decimos, que los fuegos se apagan en el invierno. Los meses que vienen hay que planificar un nuevo marco normativo para que estas situaciones no se repitan o al menos no de forma tan grave. Es necesario y es obligación de los políticos, y en especial de Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco, impulsar un cambio, porque lo que hay está claro, por dos veranos consecutivos, que no funciona.