JUAN PEDRO MEDINA, ingeniero agrónomo y exviceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural

Son muchos los balances que se han realizado en el pasado mes de octubre en relación con la aplicación de la PAC actual y futura. A modo de introducción, me referiré a dos de ellos, separados por escasamente una semana: el balance sobre el primer año de aplicación de la PAC 2023-2027, y las conclusiones del consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) «sobre una política común posterior a 2027 centrada en los agricultores», si bien en este primer artículo me centraré en la primera de las cuestiones. 

Puede resultar cuando menos raro que, prácticamente después de hacer balance del primer año de aplicación de la nueva PAC 2023-2027, la PAC más corta de la historia con un periodo reducido de cinco años, ya se haya iniciado el debate de una nueva reforma PAC 2028-2034, sin poder utilizar las lecciones aprendidas, los éxitos o los fracasos de la aplicación de reformas anteriores. Esto es algo ya normal en todas las reformas pasadas de la PAC: continuas reformas realizadas sin analizar el resultado de las anteriores, lo que genera una gran incertidumbre en los agricultores y ganaderos.

La reflexión es la que intento plasmar en el título de este artículo: La PAC actual, antes y después de 2027: ¿ideas nuevas o recicladas? Y me permito anticipar que los primeros pasos que se están dando apuntan que «no hay nada nuevo bajo el sol». Más bien, se sigue la senda ya marcada hace años por la Comisión Europea, caracterizada por una pérdida de protagonismo de la PAC tanto en términos del peso presupuestario (el dinero), como en su filosofía original de política económica AGRARIA. Se camina hacia una política más compartida (con más estados miembros), más agroambiental o verde, y menos profesional, al incluir medias de carácter social en favor de las explotaciones pequeñas y no profesionales, lo que podríamos pasar a denominar como una «Política Agroambiental Social Compartida».

Respecto del balance del primer año de aplicación de la PAC 2023-2027, el ministro Luis Planas lo ha calificado de «éxito claro y rotundo», basando su afirmación en la ejecución presupuestaria (99 % de los fondos disponibles) y una cuantía de ayudas directas de 4830 millones de euros, que calificó como «la más alta de la historia reciente en nuestro país». Una afirmación que no es cierta en el valor y mucho menos si tenemos en cuenta que no se considera la alta  inflación de los últimos años, cuestión que se ha utilizado, en el debate de las instituciones comunitarias, como argumento para demandar un incremento en la financiación por el comisario de Agricultura, apoyado por el ministro.

También el ministro remarcó que la nueva PAC 2023-2027 es, «sin duda, la mejor Política Agraria Común que se ha aplicado en España» desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. En sus argumentos, destacó el nuevo pago redistributivo, omitiendo que este pago perjudica a las explotaciones más profesionales, y también el éxito en la acogida de la nueva intervención de los ecorregímenes, ignorando la reducción aplicada respecto de los importes planificados en muchos de ellos, lo que indudablemente implica un mayor esfuerzo por los agricultores, que no es compensado como estaba previsto, y que de nuevo penaliza a las explotaciones más dimensionadas y profesionales.

Pero quizá lo más grave —lo calificaré como un lapsus de memoria histórica en este balance del ministro del primer año de aplicación— es no recordar la incertidumbre de aplicación y multitud de interrogantes que surgieron en especial con el enfoque de la nueva arquitectura verde de la PAC 2023-2027 en cuanto a la condicionalidad reforzada (BCAM) y los ecorregímenes, que llevó a la necesidad de flexibilizar al máximo su aplicación.

También omite que el principal motivo que provocó que los agricultores de prácticamente toda Europa, y por ende de España, salieran con sus tractores a las calles y carreteras fue su rechazo a los nuevos requisitos de la actual PAC. Este conflicto llevó a los burócratas europeos a modificar los textos reglamentarios principales en dos ocasiones en un periodo de tres meses, la primera tan absurda que quedó sin aplicación, algo que parecía imposible en etapas anteriores, pero estábamos en plena campaña electoral del Parlamento Europeo y todo era posible. De nuevo, en este otoño de 2024, se están llevando protestas o en su caso se han anunciado antes de final de año, principalmente por la escasa rentabilidad obtenida de la actividad agraria en algunas producciones importantes, como son los cereales o el vino, sin olvidar el exceso de burocracia y de requisitos que lastran de forma negativa la rentabilidad de las explotaciones.

Por ello, no puedo compartir que la actual PAC sea «sin duda la mejor Política Agraria Común que se ha aplicado en España» desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, como ha manifestado el ministro, al igual que no es cierto que en el primer año de aplicación se haya transferido el importe más alto de ayudas directas de la historia reciente. Consulte la hemeroteca, habría que apuntar.

A ello me referiré en un nuevo artículo, cuyo nexo conductor será el documento referido a las conclusiones del consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) «sobre una política común posterior a 2027 centrada en los agricultores»./

Por ello, considero que, para proponer nuevas ideas o reciclar las actuales sobre la nueva PAC, es importante extraer conclusiones de reformas anteriores (por ejemplo, la reforma de la Agenda 2000, en este caso, sí supuso fortalecer las medidas en favor de la ganadería); y, por supuesto, del escenario presente donde nos encontramos, con condicionantes internos y externos, como son la propuesta de un nuevo marco financiero; las prioridades políticas del nuevo colegio de comisarios en materias como defensa e inmigración en la UE; la futura adhesión de hasta nueve estados miembros, entre los que destaca Ucrania; y las diferentes fuerzas geopolíticas, con las próximas elecciones en los Estados Unidos.

«La reducción aplicada con respecto a los importes planificados en muchos de los ecorregímenes implica, indudablemente, un mayor esfuerzo por los agricultores, que no es compensado como estaba previsto, y que de nuevo penaliza a las explotaciones más dimensionadas y profesionales.»