La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) en el Parlamento Europeo por mayoría simple (329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones) es un nuevo jarro de agua fría para el sector agrario de la Unión Europea. En virtud a esta ley, los estados miembros de la Unión Europea deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats deteriorados para el año 2030, el 60 % para el año 2040 y el 90 % para el año 2050, con prioridad para las zonas de la Red Natura 2000. ASAJA afirma que el impulso de esta normativa dará la puntilla a una parte importante de las explotaciones agroganaderas de Castilla y León, y que se está traicionando al sector y abandonando los objetivos esenciales de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
La normativa, que tendrá que desarrollarse en un plan nacional, admite para ecosistemas agrícolas una suspensión temporal de un año en circunstancias excepcionales. Pero el hecho principal es que será un limitante importante para buena parte del territorio de uso agrícola y ganadero de Castilla y León.
Para ASAJA, tras las numerosas y masivas protestas de los agricultores en Bruselas, Madrid y toda Europa, el resultado de esta votación sobre la LRN, ofrece un triste diagnóstico: los legisladores de la UE han abandonado los objetivos de la PAC y están dispuestos a cometer el suicidio de no defender la soberanía alimentaria y unos precios asequibles para la comida.
Además, nuestra organización subraya que la imposibilidad de aplicar las famosas cláusulas espejo para exigir los mismos estándares de producción a los países extracomunitarios —ya que no lo permite la Organización Mundial del Comercio (OMC)—, el sinsentido se ha convertido ya en una traición hacia el sector agropecuario.
SIN FINANCIACIÓN. Además, la aprobación de la LRN puede marcar un precedente muy peligroso, ya que se ha impulsado aún a sabiendas de que no tiene presupuesto, por lo que incluso puede acabar pagando su aplicación la propia PAC.
Por otro lado, la inclusión «tan sólo» de las zonas de la Red Natura 2000 no es ningún consuelo en España, porque en nuestro país esto afectará a casi el 40 % de la superficie total, un territorio donde la agricultura y la ganadería pueden pasar a ser actividades no rentables económicamente, lo que supondría la pérdida automática de una base fundamental de la sostenibilidad: el pilar económico.
Finalmente, el mantenimiento de la llamada «cláusula de no deterioro», una vez que una zona haya sido recuperada, podrá derivar en situaciones tan ridículas como no poder acometer el arreglo de una carretera que pase por una finca (por ejemplo, después de unas inundaciones), o impedir levantar un cobertizo para refugiar el ganado, caso de que sufra el ataque de lobos.
BATALLA EN EL PLAN NACIONAL. Tras su aprobación parlamentaria, la LRN se llevará ahora al Consejo de la UE, paso previo a su publicación en el Diario Oficial, que abrirá ya su entrada en vigor a los veinte días. ASAJA seguirás trabajando para tratar ahora de reducir el impacto de esta ley en España, aprovechando al máximo que son los planes nacionales los que implementarán la norma.
Pero este punto es también para ASAJA preocupante, puesto que traerá consigo fuertes distorsiones de mercado, en función de lo que cada gobierno nacional aplique, lo que socavará uno de los principios fundamentales de la UE, el mercado común, y creará agricultores y ganaderos de primera y de segunda.
COPA-COGECA, EN CONTRA. Toda la comunidad profesional agraria, forestal y cooperativa de Europa, unida en la plataforma COPA-COGECA, a la que pertenece ASAJA, ha estado a favor de una restauración de la naturaleza en su conjunto, pero no como plantea esta ley, viciada desde el principio, porque cercena la posibilidad de ejercer la agricultura y la ganadería en amplios territorios donde lleva siglos practicándose.
Tal como se ha aprobado, la LRN es inaceptable, porque su aplicación causará graves problemas a las comunidades agrícolas y forestales de Europa, al ser un misil en la línea de flotación de la rentabilidad de muchísimas explotaciones.
Además, la ley se enfrenta al problema esencial de su financiación, ya que no prevé cómo se apoyará con recursos a corto plazo a los gestores y propietarios de tierras para efectuar activamente cambios que dan resultado a medio y largo plazo./
