La Junta de Castilla y León ha presentado las alegaciones ante la Comisión Europea para que se cambie el estatus jurídico del lobo en Europa. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que reconoce el esfuerzo de aportación de información efectuado por las organizaciones profesionales agrarias como ASAJA, reclama ante el organismo comunitario que, tanto al norte como al sur del río Duero, la gestión del lobo corresponda a la administración autonómica «como garantía de conservación de la especie y de equilibrio en su colisión con la ganadería extensiva».

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el marco del proceso que abrió recientemente la institución comunitaria para evaluar la situación del lobo y los grandes carnívoros en la Unión Europea.

La carta adjunta un informe completo con datos y argumentos sobre la situación del lobo, así como la solicitud de que se flexibilice el régimen jurídico de protección de la especie, cuya caza actualmente no se permite en ningún punto del territorio español, al gozar desde hace dos años, tras su inclusión en septiembre de 2021 en la lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

La Comisión Europea decidió recabar datos sobre la población lobera en Europa y su coexistencia con las actividades humanas para estudiar posibles cambios en el estatus de protección del lobo y actualizar el marco jurídico.

La Junta, cuyo objetivo es conseguir la gestión del lobo, agradece a la Comisión Europea y a su presidenta la iniciativa que tomó Von der Leyen a través de una carta que la administración regional interpreta como un importante avance en la conservación de esta especie en Europa y a la vez mitigar el conflicto en aumento con el sector ganadero por el incremento de daños a la ganadería extensiva.

EL DOBLE DE DAÑOS. La presidenta de la Comisión Europea afirmó entonces, textualmente que, «la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos», algo que conocen bien los ganaderos en extensivo de la provincia de Palencia, donde los ataques y los daños a la ganadería se han duplicado desde que entró en vigor el nuevo estatus del lobo al norte de Duero.

La Consejería de Medio Ambiente reconoce el esfuerzo realizado por otras organizaciones e instituciones (como las organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales) que han aportado información en el marco de este proceso, y que ayudarán a la Comisión europea a formar una opinión ajustada a la realidad actual del lobo en nuestro país.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron en el último pleno, a instancias de VOX y con una enmienda del Partido Popular, una proposición no de ley, que insta a impulsar un plan nacional del lobo que incluya una estrategia para la conservación y la gestión en convivencia con las actividades del medio rural; a su exclusión del listado de especies de régimen de protección especial y a remitir a la Comisión Europea información real y oficial.

DATOS FALSEADOS. Desde ASAJA, como también la Junta y otras administraciones y entidades, se ha criticado que el Gobierno de España remite a la Comisión Europea información sobre el estado de conservación del lobo en nuestro país que no se ajusta a la verdad, ya que informa que es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de aumentar.

Cabe recordar que además la Comisión Europea insta en su comunicado a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones de la actual normativa comunitaria hasta tanto se adopte una decisión sobre  la flexibilización del régimen jurídico. Sin embargo, esas excepciones son inviables en Castilla y León, y en el conjunto del territorio de España, por la acción del gobierno de nuestro país. De facto, las medidas del Ejecutivo impiden adoptar decisiones de control de la especie cuando se producen daños significativos, al endurecer incluso el régimen jurídico de conservación de la Directiva europea Hábitats de 1992.

FLEXIBILIDAD TRUNCADA. Las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats en 1992 atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa, donde se impuso la estricta protección. Europa era consciente entonces del buen estado y la evolución positiva de las poblaciones de lobo en estos territorios. 

Pese a ello, el Gobierno de España, contra la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas, con gobiernos de distintos colores político, decidió en septiembre de 2021 por razones ideológicas eliminar ese régimen flexible y de gestión autonómica del lobo al norte del rio Duero, al equipararlo al régimen de estricta protección que existía al sur del Duero y en el resto de Europa. Ahora la Comisión Europea plantea justo lo contrario: extender el régimen que el gobierno de España quitó a Castilla y León a otros territorios comunitarios./