Mientras los representantes de la Unión Europea y los países latinoamericanos avanzan en la negociación de Mercosur, y se refuerzan los acuerdos comerciales con Ucrania, desde la Asociación General de Fabricantes de Azúcar (AGFAE) han considerado importante informar a los ciudadanos de la realidad del sector y del impacto de estos tratados, mediante este comunicado que ASAJA-Palencia reproduce aquí íntegramente.

Nuestra organización se muestra satisfecha de que se unan diferentes voces del sector agroalimentario español en la defensa de la producción remolachera de la UE. AGFAE representa la totalidad de la industria azucarera española, formada por AB Azucarera Iberia y la cooperativa ACOR.

En la actualidad, nuestro país cuenta con cinco fábricas de azúcar (localizadas en Castilla y León y Andalucía) y más de tres mil remolacheros. España sembró en 2024 unas 45 000 hectáreas de remolacha azucarera, aproximadamente el 25 % más que en la campaña anterior, y el 52 % más que el promedio del periodo 2019-2023.

Las solicitudes de la PAC de 2024 en la provincia de Palencia revelan que se han sembrado este año 2629 hectáreas de remolacha azucarera, cultivo al que se han destinado más de 32 300 hectáreas en el conjunto de Castilla y León, con la provincia leonesa como principal productor (casi 10 500 hectáreas en las solicitudes de la PAC 2024).

También es un cultivo que se estaba recuperando en Palencia, como en el conjunto de la comunidad. Habría que remontarse hasta 2011 para encontrar más superficie dedicada a la remolacha azucarera que en 2024, cuando se han alcanzado en nuestra provincia unas 2630 hectáreas, según las declaraciones de la PAC. En 2011 se cultivaron en Palencia unas 4600 hectáreas de remolacha azucarera, pero el cultivo cayó de manera brusca al año siguiente (2100 ha en 2012) y desde entonces fue atravesando una línea descendente hasta bajar a sólo 252 hectáreas (datos ESYRCE del Ministerio de Agricultura) en 2022.

Reproducimos el comunicado de AGFAE, en todos sus términos:

  1. Nuestro sector se enfrenta a cambios regulatorios y modificaciones de las reglas de juego en el panorama internacional que amenazan la competitividad y la viabilidad a largo plazo del sector en España y en la UE.
  2. Entre los cambios regulatorios más preocupantes, se encuentra la prohibición de uso de determinados principios activos para luchar contra plagas y enfermedades del cultivo. Dicha prohibición supone un sobrecoste para el remolachero, que debe tratar de encontrar recursos alternativos a un mayor coste y en muchos casos a la pérdida o disminución de la cosecha por ser dichos recursos ineficaces e incluso medioambientalmente más perjudiciales.
  3. Como ejemplo de esto, desde 2018, se han eliminado más de treinta sustancias activas en la UE para el cultivo de la remolacha, y tal y como avanza la normativa, es muy posible que para 2027 los productores de la UE solo puedan tener acceso a un puñado de herbicidas, insecticidas y fungicidas (frente a los cien con que cuenta Brasil). Es remarcable que para estas prohibiciones no ha existido un análisis de impacto económico y/o social previo, simplemente se han prohibido, sin existir en la mayoría de las ocasiones sustancias alternativas para sustituirlos.
  4. Este problema se agudiza con el impacto del cambio climático que propicia la aparición de más enfermedades y plagas en el campo que a su vez generan incertidumbre y suponen pérdida económica para el agricultor por incurrir en mayores costes y pérdida parcial o total de cosecha.
  5. Frente a esto, los productores de azúcar de terceros países viven ajenos a las limitaciones normativas y estándares. El coste de esta ventaja competitiva lo paga el sector productor español y europeo que mira con estupefacción cómo avanzan los tratados internacionales y cómo, por uno u otro motivo, el azúcar entra en la Unión en gran parte libre de aranceles. Así, por ejemplo, durante la campaña 2024/25, las importaciones ucranianas de azúcar aumentaron hasta veinticinco veces el contingente arancelario inicial.
  6. A las importaciones ucranianas se unirán las importaciones procedentes de Brasil, el mayor productor de azúcar del mundo, y Uruguay, ambos en la propuesta de Mercosur.

La industria azucarera española apela a las autoridades comunitarias, nacionales y autonómicas para que actúen de manera decidida y pongan fin a una crisis que amenaza con arrasar un pilar fundamental de la agricultura española y europea y reclama las siguientes medidas:

  • La no aplicación de restricciones de sanidad vegetal si no se ha hecho una valoración previa de los riesgos frente a los beneficios de dicha prohibición, y si no hay una solución alternativa con la misma eficacia.
  • Facilitar el acceso a nuevas sustancias activas y acelerar los procesos de autorización de éstas.
  • Aprobar el uso de Nuevas Técnicas Genómicas (NTGs) como herramienta para mejorar la productividad y la resistencia de los cultivos frente a las enfermedades y el cambio climático.
  • Exigir los mismos estándares productivos o “cláusulas espejo” en los acuerdos comerciales internacionales para garantizar la reciprocidad en las normativas de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria, reforzando los controles fronterizos para verificar su cumplimiento.
  • Establecimiento de redes de seguridad y herramientas de gestión de riesgos en el marco de la OCM para proteger a los productores ante crisis de mercado.

El cultivo de remolacha azucarera y la producción de azúcar no solo generan empleo y riqueza en las zonas rurales, fijando población en zonas que adolecen de ella por la industria que lo acompaña, sino que también desempeña un papel crucial en la diversificación de cultivos. Su desaparición tendría consecuencias catastróficas para la economía local y los ecosistemas agrícolas.

Ha resultado un gran sacrificio la aplicación de las continuas reformas dirigidas desde Bruselas, especialmente la reestructuración de 2006 y, una década después, la reforma del sector en 2017. Ahora no debería ser necesario indicar el enorme agravio comparativo que supone tener que competir en desigualdad de condiciones en el mercado doméstico con producciones azucareras muy alejadas de los estándares comunitarios. La salud, el medioambiente y la calidad deberían ser conceptos respetados globalmente./