Con motivo de la celebración este jueves, 13 de junio, de la sesión del Consejo del Agua de la Cuenca del Duero, donde se ha presentado un informe de seguimiento del primer año de desarrollo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Duero 2023-2027, desde ASAJA-Castilla y León recordamos que dicho plan, aprobado por el Real Decreto 35/2023 y que entró en vigor el 11 de febrero de 2023, es una imposición del Gobierno de España, y no cuenta ni con la aprobación previa de la Junta de Castilla y León ni con el respaldo de los representantes de los regantes (organizaciones agrarias y comunidades de regantes), por lo que fue en su día rechazado mayoritariamente por este órgano hoy reunido.
Siendo 2023 un año hidrológicamente muy difícil, por motivo de la sequía climática y en determinados casos también la sequía hidrológica, el sector agrario ha demostrado responsabilidad en la gestión de este recurso, al consumir únicamente el agua estrictamente indispensable para sacar adelante los cultivos, y llevando a cabo prácticas agronómicas que no han perjudicado la calidad del recurso, como es el uso racional de los abonos y de los fitosanitarios.
ASAJA-Castilla y León no comparte la decisión sobre caudales ecológicos más restrictivos que se impusieron en este plan, ni que se haya cerrado la puerta a nuevos regadíos, condenando la agricultura a no crecer en los próximos años.
Nuestra organización también critica que se haya prohibido que se establezcan nuevas ganaderías en zonas de acuíferos considerados en mal estado cuantitativo, cuando la ganadería representa una demanda de agua residual.
POCO AVANCE INVERSOR. ASAJA-Castilla y León pone de manifiesto el escaso avance en las inversiones previstas en el Plan, y en particular las que tienen un cometido agrario. En ese sentido, denunciamos que quedará una gran parte sin ejecutar porque no hay un compromiso por parte de otras administraciones públicas para incluirlo en sus presupuestos. Se trata de un presupuesto voluntarista, hecho sin el compromiso de las administraciones que gestionan esas inversiones, como son el Ministerio de Agricultura o la Junta de Castilla y León). El programa de medidas del plan alcanza los 2.265 millones de euros, de los que apensas se han ejecutado en 2023 el 8,53%; es decir, poco más de la doceava parte.
En otro asunto controvertido, como es la aplicación del principio de recuperación de costes que contempla el plan, ASAJA-Castilla y León valora que el Gobierno no haya aprobado la normativa que permita subir el precio del agua. Los costes del agua en el sector agrario en el año 2023 rondaron los 640 millones de euros, entre los 421 millones de euros en costes financieros y los 218 millones de euros en costes ambientales, establecidos éstos con los criterios arbitrarios de la Confederación Hisrográfica del Duero. La repercusión del gasto en los regantes asciende al 55 %, porcentaje muy próximo al 57% que se repercute en los gastos del agua de consumo humano.
BUROCRACIA LENTA. Por otro lado, nuestra organización reitera su descontento por los tediosos trámites administrativos que soportan los agricultores y ganaderos en todas sus gestiones con esta administración con competencia en materia de agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como por los insoportables tiempos que transcurren hasta que se resuelven los expedientes.
ASAJA-Castilla y León denuncia la retención de muchas solicitudes presentadas durante el anterior plan hidrológico de cuenca que, tras estar paralizadas años, se han denegado masivamente a los pocos meses de aprobarse el nuevo plan hidrológico, al aplicarse sus normas más restrictivas. Esta lentitud administrativa frena la inversión tanto en agricultura y ganadería como en pequeñas agroindustrias, y con ello el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestros pueblos.
El Consejo del Agua es el órgano de participación y planificación de la CHD, con presencia de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los usuarios del agua y las organizaciones de defensa de intereses ambientales, económicos y sociales relacionados con la gestión del agua.
