Christiane Lambert, presidente del COPA, y Ramón Armengol, presidente de la COGECA

Hemos tratado el tema del Mercosur en tantas ocasiones y, sin embargo, volvemos a la carga otra vez. Ahora que el Consejo está presidido por la Presidencia española, que está plenamente comprometida con la aprobación de este tratado y con la próxima cumbre UE-América Latina, es el momento perfecto para volver a poner de relieve las preocupaciones que nos ocupan desde hace ya tiempo con respecto a este acuerdo.

Sería un eufemismo decir que mucho ha cambiado en la UE y en el mundo desde que los Estados de la UE y del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) alcanzaran un acuerdo político el 28 de junio de 2019 sobre un posible tratado comercial global. En este acuerdo de principio, celebrado bajo el mandato del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en 2019, no se tienen en cuenta ni los cambios ni las iniciativas que dimanan del Pacto Verde Europeo, que es la política emblemática de la Comisión que preside la Sra. Von der Leyen. Tampoco se tiene presente el cambiante panorama en el que trabajan nuestros agricultores hoy en día, tras la pandemia de Covid-19 y con el impacto de la guerra en Ucrania. De hecho, el planteamiento de la Comisión, que es afanoso en demasía, no solo nos lo pone difícil a nosotros los agricultores europeos, sino que también nos resta viabilidad a los ojos de nuestros socios comerciales.

Desde principios de año y con la elección del presidente Lula en Brasil, no se habla sino de la oportunidad única que representa la ratificación de este acuerdo. No obstante, los hechos indican lo contrario. Hace tan solo unas semanas, el presidente Lula dejó muy en
claro que o bien no quiere o no puede respaldar el gran compromiso medioambiental concomitante que le pide la UE.

Parece que por razones geopolíticas y por un determinado interés relativo a algunas industrias, la Comisión está dispuesta a hacer la vista gorda ante el impacto que tendría en el sector agrícola y la percepción negativa que podría suponer ahora que nos estamos preparando para las próximas elecciones europeas.

Desde el acuerdo político de 2019, venimos presenciando una verdadera avalancha normativa comunitaria a raíz de la implantación del Pacto Verde Europeo. Este aluvión acarrea decenas de iniciativas normativas que en la actualidad son objeto de debate en Bruselas a un ritmo más que vertiginoso, por así decirlo, cuyos efectos se harán sentir a lo largo y ancho del sector agroganadero. El impacto más tangible surtirá efecto en el seno de las explotaciones y de las cooperativas en tan solo unos años. Aun con las ambiciones que se establecen en el instrumento adicional sobre sostenibilidad, que probablemente no contemple ninguna medida de aplicación de gran calado, está claro que la UE no puede esperar que los países del Mercosur acepten cumplir con las mismas normas de producción agrícola que aquella pretende imponer a sus propios agricultores y ganaderos. La propia magnitud de las diferencias en materia de realidades agrícolas entre los países
de la UE y los del Mercosur es lisa y llanamente colosal. Y lo mismo ocurre con las normas de producción a nivel de explotación agrícola.

¿Acaso la Comisión se propone plantearles la Ley de Restauración de la Naturaleza también para las explotaciones agroganaderas de los países del Mercosur? ¿Acaso se cree que está en condiciones de imponer a otros países su ambición de reducir en un 50% el uso de
plaguicidas?

¿Y cree acaso la Comisión que las normas de bienestar animal que están en vigor en la UE pueden verdaderamente imponerse y controlarse en los países del Mercosur?

Existe una brecha cada vez mayor entre, por una parte, los objetivos comunitarios de índole climática y de sostenibilidad que se le aplican al sector agropecuario y, por otra, todo aquello con respecto a lo cual la Comisión está dispuesta a hacer la vista gorda en el marco
de las negociaciones sobre los tratados y acuerdos comerciales.

El Copa y la Cogeca apoyamos el comercio internacional, siempre y cuando sea equitativo, equilibrado y transparente. Sin embargo, de ninguna manera podemos aceptar que se rebajen los estándares europeos ni que se penalice en el mercado a los agricultores
europeos que cumplen con ellos.

A pesar del acceso concedido a los productos de la UE, como el vino, los productos lácteos, el aceite de oliva, y determinadas frutas y hortalizas e indicaciones geográficas, el acuerdo con el Mercosur padece de un desequilibrio patente en su epígrafe agropecuario, más
concretamente por lo relativo a los sectores agrícolas ya fragilizados como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz, el zumo de naranja, el azúcar y el etanol.

Todo esto viene a sumarse a las inquietudes sobre el impacto acumulativo, este último difícil de cuantificar en toda su expresión, de la totalidad de los acuerdos ya firmados por parte de la UE y más aún si se consideran aquellos que están en trámite.

Como ya se denunciara en el anterior artículo de opinión sobre este tema, todo avance en la puesta en marcha del Pacto Verde no hará sino ensanchar la brecha entre las normas que se aplican a los agricultores de la UE y a los del Mercosur. No es sostenible continuar con esta brecha cada vez mayor para los productores europeos. Por su parte, el acuerdo con el Mercosur no hará sino agravar este problema, ya que la concepción del mismo data de muchos años antes de la puesta en marcha de la estrategia «De la granja a la mesa» y de la guerra en Ucrania. Ya era inadmisible en su momento y, pues, lo es aún más a día de hoy.

En nuestra calidad de presidenta del Copa y presidente de la Cogeca respectivamente, seguiremos denunciando este acuerdo. Asimismo, exhortamos a la Comisión a que empiece a abordar y de forma inequívoca estas cuestiones fundamentales y que deje de echar leña al fuego, empeorando la situación.