Los directores generales de Medio Ambiente de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han decidido constituir un grupo propio de trabajo del lobo ibérico en el Noroeste de la Península Ibérica, a la vez que han decidido abandonar el grupo de trabajo tutelado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al no estar conforme con las líneas de actuación del Ministerio, por falta de rigor, no ajustarse a la legalidad y por el desprecio a las opiniones de las comunidades que soportan el 98% de la población de lobos.
Estas cuatro comunidades autónomas tienen un bagaje demostrado de obtención de datos técnicos, científicos e institucionales y el conocimiento acumulado de más de 20 años de gestión y conservación del lobo en sus territorios, que no ha sido tenida en cuenta a la hora de establecer la prohibición de la caza del lobo.
