La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público un comunicado para confirmar que investiga posibles prácticas anticompetitivas y acuerdos de reparto del mercado de la distribución de maquinaria agrícola en España. Las prácticas consistirían en «el reparto del mercado a través de la restricción de las ventas pasivas a clientes situados fuera del área especificada en los contratos de distribución».

Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia enviada por ASAJA-Castilla y León en julio de 2021 al Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, que consideró nuestra petición de que se investigara el reparto de zonas de influencia entre concesionarios de maquinaria agrícola, que impide la libertad de elección y compra por parte del profesional agroganadero.

En el marco de la denuncia interpuesta desde ASAJA, el pleno del Tribunal confirmó por carta en abril de 2022 que las razones esgrimidas por nuestra organización tenían peso.

No obstante, dado que la totalidad de las marcas comerciales y de los distribuidores investigados corresponden a empresas con domicilio social fuera de nuestra comunidad autónoma, se trataba de un problema de ámbito nacional; por lo que se trasladó esta investigación a la Dirección de Competencia de la CNMC, a quien correspondía actuar ante la presunta infracción.

INSPECCIONES. Dos años después de iniciado este proceso, la CNMC informa que ha inspeccionado varias empresas entre el 26 y el 29 de septiembre, para lo que ha contado con la colaboración de la autoridad autonómica de competencia en uno de los territorios en los que se ubica una de las firmas investigadas. Estas inspecciones son un paso preliminar a la posible incoación formal de un expediente sancionador.

En caso de que se prueben conductas anticompetitivas, constituyen una infracción muy grave, que se sanciona con multas que pueden alcanzar hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.

Tal como se indicaba en el informe facilitado por ASAJA a los órganos competentes, desde hace años se ha consolidado en las ventas de maquinaria y aperos agrícolas un sistema perverso que impide la competencia y frena los principios de libre circulación de bienes y servicios que marca la legislación.

Existe un acuerdo sin luz ni taquígrafos, pero sí de facto, por el que los concesionarios se reparten el territorio de Castilla y León, impidiendo al potencial comprador adquirir cualquier producto en el establecimiento que prefiera y le sea más ventajoso por las condiciones que ofrece.

Esta situación es bien conocida y soportada desde hace años por los agricultores y ganaderos, que acatan una situación injusta por el riesgo a verse desatendidos en el caso de necesitar asistencia técnica posterior./