El presidente de ASAJA, Pedro Barato, se ha dirigido al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, para pedirle cambios urgentes en el régimen jurídico del lobo, a la vista de los graves problemas a los que se enfrentan los ganaderos, y en general el mundo rural, como consecuencia del alarmante aumento del número de manadas de lobos en el territorio europeo y especialmente en España. Todo hace presagiar un aumento descontrolado de las manadas de lobos en el territorio de la Unión Europea en los últimos años, según los datos recopilados por nuestra organización, mientras se dan a conocer los nuevos censos elaborados por las comunidades autónomas en España y el resultado de la recogida de datos abierta desde la Comisión Europea hasta el pasado 22 de septiembre sobre la situación del lobo y grandes carnívoros en el territorio comunitario. En Castilla y León se registraron en 2022 más de tres mil ataques, con un resultado de más de cinco mil cien reses muertas, lo que supuso un incremento del 15% de los ataques y del 20 % de los animales muertos (en los años previos estos indicadores de crecimiento estaban en los entornos del 2%-3% y del 5%-7% respectivamente).

La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha llegado a reconocer que «la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos», por lo que este organismo comunitario ha promovido recientemente la recopilación de datos para revisar el estado de conservación del lobo a nivel europeo, instando a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa de la UE. 

En el caso de España, desde que en 2021 el Gobierno decidiera que el lobo dejase de ser especie cinegética al norte del Duero, territorios donde se localiza la especie, y pasara a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), las manadas de lobos han crecido descontroladamente, y  por consecuencia también los ataques a las ganaderías.

Por citar solo algunos ejemplos, en el año 2022, solo en Castilla y León se registraron más de tres mil ataques con un resultado de 5.104 reses muertas, lo que supuso un incremento del 15% de los ataques y del 20 % de los animales muertos, cuando los años previos estos indicadores de crecimiento estaban sobre el 2-3% y el 5-7% respectivamente.

En Cantabria los ataques aumentaron un 85% y un 54% los animales muertos; en Galicia, un 11% los ataques y un 10% los animales muertos; en La Rioja, se pasó de 159 ataques por lobo en 2021 a 307 en 2022, prácticamente el doble, y en Asturias, los daños causados por el lobo a la cabaña ganadera aumentaron un 12 % en 2022.

EQUILIBRIO, AYUDAS DIRECTAS Y EXCEPCIONES. «La situación —como explica el presidente de ASAJA en su carta al comisario europeo— exige un enfoque más equilibrado que proteja tanto a la fauna silvestre como a nuestras comunidades rurales. Entre otros puntos, resulta necesario que se paguen ayudas directas por cada aborto tras un ataque, además de por la merma de producción en carne o leche y el lucro cesante por cada animal muerto».

Para abordar eficazmente esta problemática y garantizar una coexistencia adecuada, ASAJA sostiene que es esencial revisar la legislación actual europea, y sobre todo la nacional, de modo que se modifique el estatuto de protección del lobo en la UE y se trasponga al marco jurídico nacional a fin de introducir una mayor flexibilidad a la luz de la evolución de esta especie en nuestro país.

En este sentido, varios países ya han establecido excepciones para la gestión de sus poblaciones de grandes carnívoros, como es el caso del lince en Letonia, los glotones en Finlandia, el oso en Rumanía y el lobo en Suecia./