La organización agraria ASAJA rechaza una buena parte de los cambios que pretende introducir el Gobierno en la actual Ley de Aguas mediante una modificación que está ahora en fase de anteproyecto y consulta con las partes afectadas.

 

El nuevo texto introduce cambios importantes en el régimen económico financiero del uso del agua que incluso cambia de denominación, ya que hasta ahora lo que se cobraba no era por el uso del agua sino por la “utilización del dominio público hidráulico”. Lo más grave para el sector agrario es que se establece el año 2010 como la fecha para cobrar al usuario la totalidad de los costes de infraestructura y gestión, lo que supondrá un varapalo para un sector que no puede permitírselo y que ya en la actualidad está pagando la totalidad de los gastos de gestión y el 50 por ciento de las inversiones. De aplicarse este principio de “recuperación de costes”, para el que la Unión Europea permite hacer excepciones en sectores como el agrario poco rentables y económicamente sensibles, la agricultura extensiva de Castilla y León será absolutamente inviable, por lo que ASAJA lo rechaza y no permitirá su entrada en vigor.

 

La nueva ley establecerá dos nuevas tasas por la utilización del agua. Por un lado una “tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección del uso del agua”, y por otro una “tasa por clasificación, registro y actividades de control de la seguridad de las presas y embalses. Se suman así a las que ya existían: “el canon de regulación” por el que se amortizan y se asumen los gastos de gestión de las presas, y “las tarifas de utilización del agua”, destinadas a compensar los costes de inversión de las arterias de riego así como los gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas. Esta última tarifa se actualizará cada año con el IPC, parámetro que sube más que la renta agraria y que los precios que percibe el sector, y además introduce los costes medioambientales que hasta ahora no existían. En definitiva, toda una batería de nuevos impuestos que recaerán sobre el agricultor como principal usuario del recurso. Por otra parte, el departamento que dirige Cristina Narbona pretende aumentar las acciones constitutivas de infracción así como el importe de las multas o sanciones.

 

Con las atribuciones que el Estado se reserva en el nuevo texto legislativo, la región de Castilla y León no podrá gestionar la Confederación Hidrográfica del Duero, vieja reivindicación de ASAJA que está recogida claramente en el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se aprobó en el Parlamento Regional con la mayoría del PP y PSOE, y que está pendiente del refrendo de las Cortes generales. También pierden peso los regantes en los órganos de consulta y gestión del agua y se abren puertas a grupos conservacionistas, en línea con lo que representa la ministra.