Asaja ha reclamado a la administración que no olvide al medio rural en el cumplimiento de su objetivo de garantizar el acceso a Internet a todos los ciudadanos. ASAJA denuncia la gran brecha digital que hoy existe entre los municipios más urbanizados y los netamente rurales, en los que hasta ahora las grandes operadoras no muestran interés por ofrecer sus servicios, y sobre todo por hacerlo de una forma eficiente.

 

ASAJA subraya que estas deficiencias en amplias zonas del medio rural están limitando el avance de la tecnificación en el sector agroganadero, puesto que una conexión suficiente, estable y segura es imprescindible para poder transmitir datos con rapidez y seguridad, cosa que hasta ahora es prácticamente imposible. Aunque desde la administración se recalca que el número de personas afectadas es ‘pequeño’, lo cierto es que hablando de localidades en Castilla y León, estaríamos hablando de cerca de un millar, y de alrededor de un 15 por ciento de la población, en las que la conexión es inferior a diez megas (prácticamente lo justo para consultar el correo y cuatro páginas web, con muchas dificultades para ver un pequeño vídeo). Además, los agricultores y ganaderos no desarrollan su trabajo sentados en una mesa, sino en un área considerable de superficie, por lo que no basta con cubrir solo un puñado de enclaves.

 

Pero, más allá de los problemas para profesionales y empresas, la situación repercute a todos los niveles en la población rural, puesto que hoy por hoy la misma administración exige numerosos trámites electrónicos, pero también para cubrir otras necesidades sociosanitarias, educativas, familiares, de ocio…  Todo ello redunda en una mala percepción del medio rural como posible tierra de oportunidades para iniciativas emprendedoras y empresariales, algo especialmente grave con el problema de población existente, puesto que se parte de un hándicap a la hora de competir con profesionales y empresas radicadas en zonas urbanas.

 

Estas cuestiones fueron planteadas por el presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, en una reciente reunión con María Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Para ASAJA, aun partiendo de que el servicio de Internet depende de empresas privadas, es fundamental que las administraciones establezcan un marco propicio para garantizar que una parte muy importante de los ciudadanos no queden excluidos. En este sentido, desde ASAJA se ha pedido que se haga un seguimiento para garantizar no solo que las compañías ofrecen servicio, sino que éste es el adecuado. No hay que olvidar que el objetivo marcado por la Unión Europea es que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet a una velocidad de 30 megas en 2020.

 

El problema mayor está en las denominadas ‘zonas blancas’ o de sombra, que son aquellas en las que actualmente no existen redes de banda ancha de nueva generación y en las que no es probable que sean construidas en un plazo de tres años por inversores privados. Parte de esos municipios estaban siendo atendidos por Iberbanda, compañía absorbida por Telefónica, que dejará de prestar servicio este mes de junio. Para estos puntos, así como para otros donde la banda ancha existente resulta insuficiente, la administración admite que la única salida es la conexión por satélite, aunque este sistema, tal como señala ASAJA, “despierta recelos en la población por implicar unas tarifas mensuales más altas”.

 

Aun siendo el coste un factor muy importante, ASAJA insiste en que aún es mayor problema las deficiencias del servicio, por lo que apela a la administración a ejercer de árbitro y supervisar que las operadoras faciliten el acceso a Internet al mayor número de ciudadanos, “siempre teniendo en cuenta que internet no es un bien de consumo superfluo, sino que es esencial para que los habitantes del medio rural puedan participar en igualdad de condiciones con el resto, tanto en el plano profesional y económico como en el personal”.