ASAJA
ha criticado el “poco rigor” del censo provisional de electores elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería para la consulta de representatividad del sector, convocada para el 11 de febrero, censo en el que faltan centenares de agricultores y ganaderos que deberían tener derecho a voto. ASAJA ha constatado esta situación después de contrastar los datos, al llamarle mucho la atención que el censo de personas físicas hubiera caído el 15% en cinco años, pasando de 40.490 en 2012 a 34.441 en la actualidad. Los mayores errores detectados son las ausencias de uno de los cónyuges cuando no solicita ayudas a su nombre, de los miembros de sociedades civiles y mercantiles, miembros de cooperativas, y miembros de comunidades de bienes.
En la web de la Seguridad Social se recoge el dato de 30.757 agricultores y ganaderos castellanos y leoneses cotizantes como autónomos a la agricultura dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA). A estos habría que añadirles quienes no están en el SETA en función de sus ingresos pero que igualmente son autónomos del campo, 9.828, lo que sumaría en su conjunto 40.585 cotizantes medios en noviembre, como ha publicado la Seguridad Social.
ASAJA se pregunta cómo es posible este desfase de datos y exige que se recuperen de oficio sin necesidad de que los afectados aleguen, ya que no es posible solucionar el problema por la vía de las alegaciones cuando esta cuestión suele suscitar un interés muy relativo. “Si la Consejería no lo hace así, se estará privando del derecho a voto a cientos de agricultores y ganaderos, y se estará castigando el modelo societario, incluidas cooperativas y SAT, así como fórmulas que promueven la equidad como la cotitularidad, titularidad compartida y comunidades de bienes. Con ello, la administración perjudica modelos sociales que por el contrario debería de primar y favorecer”, subraya la OPA.
La Ley Agraria establece que podrán votar todas las personas físicas que coticen a la Seguridad Social en el régimen de autónomos con epígrafe agrario. No obstante, en el Decreto que regula el proceso (Decreto 30/2016), la consejería de Agricultura se sacó de la manga un nuevo condicionante, que es el de figurar inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL). Toda una contradicción, pues el registro no está previsto para miembros de sociedades ni para acoger a los dos cónyuges cuando la explotación figura íntegra a nombre de uno de ellos (por lo general el marido).
ASAJA pide a la consejería de Agricultura que “se pronuncie sobre una nueva exposición de censos que subsane la chapuza de los existentes”. En el caso contrario, ASAJA hará un esfuerzo por recuperar al mayor número posible de los ahora excluidos, para lo que pide a todos los agricultores y ganaderos que consulten su situación en dicho censo bien a través de la web de la Junta o bien en los listados expuestos en los ayuntamientos y servicios territoriales.
