Como es habitual desde hace algunas campañas, aparecerá por sorpresa la convocatoria de ayudas al cese anticipado, una línea que la Consejería de Agricultura y Ganadería se está esforzando en hacer desaparecer para ajustarse a un presupuesto casi testimonial. En principio, será a mediados de julio, con los profesionales dedicados a pleno rendimiento a las labores de cosecha, cuando se publique la orden, que además establecerá un plazo mínimo (desde su publicación hasta el 29 de julio), para entorpecer en lo posible la presentación de solicitudes.
Esta mañana se ha celebrado en la Consejería una reunión técnica para analizar el borrador de esta normativa, borrador que persiste en marcar obligaciones y obstáculos burocráticos para los peticionarios. Además, y lo que es más grave, se confirman los temores que tenía ASAJA –y que le llevaron a manifestarse el verano pasado–, en el sentido de que sólo se atenderán cerca de un centenar de expedientes. Teniendo en cuenta este alto número de expedientes sin aprobar que quedó el año pasado (exactamente a 577 de los 990 presentados en Castilla y León, un porcentaje similar al de Palencia, donde se denegaron 48 de los 79 presentados), de agricultores y ganaderos que probablemente volverán a intentarlo en esta convocatoria, y los que pretenderán conseguirlo por primera vez, el número de rechazados se multiplicará.
Pero no se trata sólo de este dato, triste de por sí, puesto que se trata de una ayuda pequeña pero vital para la economía de casi subsistencia en la que quedan muchos agricultores y sobre todo ganaderos que abandonan la profesión con una pensión mínima. No se puede ignorar que, detrás de la mayoría de los expedientes de cese anticipado, está un joven que toma el relevo en el sector. “Entorpecer, pues, el cese, es entorpecer la modernización del campo, algo que no se entiende si de verdad hay una consigna política en esta Comunidad Autónoma para favorecer la incorporación de 1.000 jóvenes al año al sector”, recalca ASAJA.
