Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, reclaman a los diferentes grupos políticos que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria. El proyecto de Ley de Cadena Alimentaria encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados y no se debe dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores/as y ganaderos/as. La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

Asistimos habitualmente al reconocimiento público por parte de los distintos grupos políticos del sector agrario como un elemento estratégico en la cadena alimentaria, que asegura el abastecimiento de alimentos, provee de bienes públicos a la sociedad y, en definitiva, mantiene la vida en el medio rural. En este sentido, y en el marco de la normativa de cadena alimentaria cuyas negociaciones se están cerrando, las organizaciones agrarias reclaman que se concrete en hechos dicho reconocimiento e insisten en sus principales reivindicaciones que, además de la prohibición la venta a pérdidas en el último eslabón, se centran en la necesidad de crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal HORECA a partir de los mínimos estipulados por la ley 12/2013, reforzar la figura del mediador, y en generar índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha retomado los debates que deben culminar en la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria, que incluirá la transposición de la Directiva UE relativa a las prácticas comerciales desleales, y que debería entrar en vigor en noviembre de 2021 a más tardar, para cumplir con los plazos fijados por la normativa europea. La Comisión de Agricultura tiene capacidad plena de la ponencia y una vez alcanzado un acuerdo se llevaría al Senado para completar el recorrido legislativo.