Por Donaciano Dujo
La actitud de Coag y Upa ante el cierre de las azucareras de Monzón y Benavente no ha distado mucho de la que han demostrado a lo largo de la historia del campo en los últimos años. No hay que retrotraerse mucho en el tiempo para recordar posturas como la férrea defensa de la modulación que presidió la actuación de ambas organizaciones, en lo que parecían actitudes más demagógicas que de verdadera defensa del sector.
El cierre de las fábricas de Monzón y Benavente ha hecho resurgir de nuevo las dudas sobre los intereses de estas dos organizaciones.
Desde que surge el anuncio del posible cierre de ambas plantas remolacheras, las organizaciones agrarias hemos ido de la mano con las fuerzas políticas y sociales, aglutinadas bajo la Plataforma en defensa del sector azucarero. El “no al cierre” ha venido presidiendo cada reunión, cada encuentro, cada trabajo de la plataforma donde ASAJA estaba integrada desde el convencimiento de que la lucha merecía la pena.
Ahora bien, quede claro que el cierre de Monzón y Benavente no lo firma ASAJA, sino que se presenta como un hecho consumado cuando es rubricado por el sindicato mayoritario del comité intercentros (CC.OO.), la industria (Ebro Agrícolas) y la Junta. Se produce entonces un cambio radical en la situación, que ASAJA afronta con valentía y responsabilidad y que conlleva a su vez un cambio en las líneas de actuación de la organización agraria. Y me explico.
Si el cierre es un hecho consumado, la única actitud que guía a ASAJA a partir de entonces es la de la responsabilidad y el trabajo para que los intereses de los remolacheros estuvieran salvaguardados. Ya no tiene sentido mantenerse en el “no al cierre” porque éste es ya un hecho. Lo que corresponde a ASAJA a partir de ese momento es la negociación directa con la industria para que los acuerdos que conlleva ese cierre sean lo menos gravosos o lo más ventajosos posibles para los cultivadores.
Unos acuerdos en forma de compensaciones que, una vez conseguidos, no sólo van a disfrutar los cultivadores de ASAJA, sino del resto de organizaciones agrarias a pesar de que no hubieran participado en estas negociaciones.
Y recalco lo de “disfrutar” porque es preciso subrayar que los acuerdos alcanzados no tienen precedente, por lo positivos, en ningún otro cierre o reordenación del sector azucarero. No hace mucho se firmó el cierre en Jédula (Cádiz), rubricado sólo por Coag, de una planta de Ebro sin que los agricultores obtuviesen ningún beneficio. Ya hubiesen deseado en esa zona obtener las compensaciones que tendrán los remolacheros afectados por los cierres de Castilla y León.
Al hilo de este argumento, me pregunto qué le ha ocurrido ahora a Coag, cuando una vez consumado el cierre, no ha presentado ni una sola propuesta, dentro del proceso de negociación que beneficie a los agricultores. Coag no ha dejado de aparecer en los medios, pero sólo para oponerse, sin aportar ninguna alternativa a pesar de que ahora es el momento de trabajar por el sector en esa otra línea que apuntaba. Creo que la respuesta debe tener algo que vez con esas voces que apuntan al descabezamiento de esa organización y a la desorganización interna de la misma.
En cuanto a Upa, no se puede ocultar que ha demostrado una capacidad de actuación limitada desde el principio del conflicto, por los fuertes vínculos que le unen a UGT y al Partido Socialista, lo que ha atado a esta organización de pies y manos. Sea como fuere, su línea de actuación ha sido muy cómoda, quedando al margen de cualquier esfuerzo por el sector. Sólo cuando ASAJA ha conseguido el éxito en la negociación, Upa ha llamado a la puerta para evitar la repercusión social y mediática que todo ello conllevaba, y ha entrado a controlar los acuerdos por la puerta de atrás.
Sólo me queda insistir en la actuación responsable de ASAJA. Somos los primeros en lamentar el cierre, pero hemos actuado como requerían las circunstancias. Tenemos la conciencia tranquila por el trabajo realizado en favor del sector remolachero, el que mayor implantación tiene en la provincia. Nuestro esfuerzo en este sentido nos puede llevar a asegurar que los intereses de los cultivadores quedan salvaguardados.
