Cientos de hectáreas se cubren con espejos para abastecer la demanda energética urbana, expulsando a ganaderos y agricultores y los usos tradicionales

ASAJA ha expresado su preocupación por la gran cantidad de proyectos de macroparques de energía fotovoltaica que se están extendiendo como una enorme mancha de aceite por diferentes territorios de Castilla y León. Cuando hablamos de macroparques hablamos de cientos de hectáreas, que se están fijando casi en su totalidad en terrenos dedicados tradicionalmente a cultivos o a aprovechamiento para pastos ganaderos, usos que ahora están amenazados y desplazados por el avance silencioso de un mar de espejos.

Primera consecuencia de esta invasión de macroparques solares es que en la práctica se se está expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, a los que se les corta el acceso a la base principal de sus explotaciones, las tierras. Se rompe la cadena de siglos de aprovechamientos tradicionales que han mantenido y cuidado el medio ambiente, además de contribuir a fijar población rural.

Además, estos proyectos tienen un tremendo impacto ambiental que deteriora la calidad de vida tanto de los vecinos de los propios pueblos, como de los posibles demandantes del turismo rural y de interior que las administraciones dicen promover, y que busca la tranquilidad de la naturaleza, no la visión de cientos de hectáreas de placas solares. Además, a las hectáreas ocupadas por las placas, hay que sumar el despliegue de redes kilométricas, previa expropiación forzada de tierras, que precisarán las plantas para evacuar la electricidad hasta las ciudades, principales demandantes del recurso. Redes que, al igual que los propios parques, suponen un enorme impacto ambiental para la flora y fauna de las zonas que atraviesan.

ASAJA lamenta que se desprecien los empleos que estas iniciativas hacen tambalear, vinculados a la agricultura y la ganadería, y al turismo de interior, en aras a otros trabajos muy puntuales y que casi nunca llegan a la población local, que son los que ofrece este tipo de proyectos energéticos.

Tampoco se sustenta que se someta al territorio a una “burda subasta, de la misma forma que no se puede ofrecer un país a quien más puje por él”, critica ASAJA, que considera que los responsables políticos no pueden pasar por alto lo que está ocurriendo, máxime cuando la mayor parte de las beneficiadas por las compensaciones están siendo entidades públicas, cuyas decisiones tienen que someterse al consenso y  la protección de los intereses de todos los administrados.