Después de tres años de crisis y cierres de explotaciones, urgen unos precios dignos que permitan remontar a los ganaderos
Las Organizaciones Profesionales Agrarias de ASAJA y UCCL, junto con las cooperativas de ovino que forman el grupo que periódicamente se reúne en Medina de Rioseco, señalan que, tras tres años sumido en una profunda crisis, el sector del ovino de leche vislumbra perspectivas de conseguir un precio digno por su producción.
Es vital este cambio de tendencia en los mercados, puesto que en los últimos años se han perdido en Castilla y León 423 explotaciones ganaderas, un 16,7% del censo total, quedando en la actualidad 2.115 explotaciones ganaderas de las 2.538 que había en julio de 2016. Esto se debe a que, durante tres años consecutivos, 2016, 2017 y 2018, los ganaderos de ovino de leche se han visto obligados a vender su leche por debajo de los costes de producción, una situación que se ha hecho insostenible y ha causado el cierre de numerosas explotaciones.
Del último informe publicado por el FEGA sobre entregas del sector del ovino de leche, se desprende que la producción de leche en España ha bajado un 2,57% en lo que vamos de año 2019, con respecto a lo acumulado en el mismo periodo en 2018. Esta situación, junto con el crecimiento de la exportación y en especial un mercado asiático que demanda con fuerza productos de Castilla y León, apunta que hay sólidas perspectivas de que la demanda supere la oferta y los precios suban.
Ante esta situación propicia para los ganaderos, con una bajada en la producción y la apertura del mercado asiático, tanto las Organizaciones agrarias ASAJA y UCCL, como las cooperativas de ovino que participan en Medina de Rioseco, confían en que estas perspectivas positivas para el sector del ovino ayuden a compensar las pérdidas que han soportado los ganaderos durante los últimos tres años.
Castilla y León es la comunidad autónoma que más leche produce al año en España, concentrando el 58% de la producción en 2018, por lo que seguimos demandando a la Administración que haga un papel de arbitraje entre los ganaderos y la industria y ponga en marcha mecanismos que permitan equilibrar las relaciones comerciales y establecer acuerdos entre ambas partes que favorezcan la rentabilidad de las explotaciones ganaderas y su estabilidad.